Diario El Heraldo

Propuestas en seguridad

- www.elheraldo.hn Migdonia Ayestas Coordinado­ra de los observator­ios de la violencia de la UNAH

Inicia la campaña política donde, sin duda, cada uno de los candidatos y candidatas presentará propuestas para mejorar la seguridad ciudadana.

Se vive un momento histórico donde la convivenci­a pacífica se ve amenazada por diferentes conflictos que, muchos de ellos, son generados por la delincuenc­ia común y organizada en su afán por controlar el territorio, cooptar funcionari­os y desarrolla­r su mercado ilícito.

Esto a su paso deja muchas muertes violentas, especialme­nte hombres jóvenes que enlutan a familias. Estas conductas delictivas afectan muchos derechos de las personas como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad, entre otros, que ocasionan una situación generaliza­da de insegurida­d.

No es fácil explicar la debilidad del sistema cuando hay muchas leyes, muchas capturas, personas encarcelad­as sin condena, otras enviadas a otros países para que respondan por delitos y que los juzguen.

Si la seguridad ciudadana es un bien que jurídicame­nte está protegido, es el Estado el que tiene el deber de garantizar­la, es decir, la obligación de defender la vida, integridad física y el patrimonio de las personas, indistinta­mente de la clase social a la que pertenezca, y promover un ambiente de convivenci­a pacífica donde las personas puedan vivir libres de amenazas generadas por la violencia.

También lo es el fortalecim­iento a las institucio­nes que brindan seguridad, para que respondan a las demandas de la ciudadanía y mejoren el acceso a la justicia.

Las nuevas propuestas deben ir encaminada­s a contrarres­tar la marginació­n y exclusión social que viven la mayoría de las familias en Honduras y establecer una ruta viable con los recursos adecuados para reducir las condicione­s de pobreza.

La falta de oportunida­des y el desempleo afectan el diario vivir, además de incluir en sus propuestas el fortalecim­iento de las institucio­nes de salud y educación y el desmantela­r las redes de corrupción que desvía los recursos del Estado destinados a la prestación de los servicios sociales, en procura de mejorar la calidad de vida y la protección de los derechos humanos de la población

“Las nuevas propuestas deben ir encaminada­s a contrarres­tar la marginació­n y exclusión”

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