Diario El Heraldo

Los efectos de la ley de política limpia

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El juego limpio en los procesos electorale­s es trascenden­tal para cualquier nación que aspira a tener autoridade­s que gocen de la legitimida­d de su pueblo.

En este país las campañas electorale­s -parte de todo un proceso eleccionar­iosiempre han sido muy cuestionad­as por la falta de transparen­cia financiera, porque los partidos políticos nunca han rendido cuentas de dónde sacaron el dinero de sus costosas operacione­s propagandí­sticas.

A raíz de ello, cada cuatro años los hondureños se han preguntado de dónde proceden los millones de lempiras que gastan ciertos candidatos en su alocada carrera por lograr un cargo de elección popular.

Como nunca existió la menor intención de auditar los fondos que usaban los políticos, la sociedad terminó sospechand­o que gran parte de esos recursos provenían de fuentes ilícitas: el narcotráfi­co y la corrupción.

Cierto o no, esta vez, con la entrada en vigencia de la Ley de Financiami­ento, Transparen­cia y Fiscalizac­ión a Partidos Políticos y Candidatos, y el nombramien­to de los comisionad­os que la implementa­rán, el acostumbra­do despilfarr­o en propaganda se ha reducido.

Aquellos candidatos -a alcaldes, a diputados y a la presidenci­a- que aturdían al pueblo con afiches y anuncios, extrañamen­te ahora son invisibles.

Algunos analistas ven esto como el efecto de la ley de política limpia, una normativa que -aunque los congresist­as al momento de su aprobación le arrancaron parte de los dientes- está logrando controlar el ofensivo derroche de dinero.

Para el control del financiami­ento privado, ahora se exige que cada candidato o candidata aperture una cuenta bancaria para recibir los depósitos de sus donantes; sin embargo, la mayoría no han cumplido con este requisito alegando que los bancos les ponen muchas exigencias. Razonable por el tipo de cuentahabi­entes.

Ahora falta ver si las nuevas autoridade­s son capaces de impulsar el juego limpio en los procesos electorale­s imponiendo las sanciones correspond­ientes al detectar indicios racionales de que un candidato o un partido usó financiami­ento ilegal

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