Diario El Heraldo

El grillete electrónic­o

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El hacinamien­to es uno de los principale­s factores para que las cárceles de Honduras sean considerad­as bombas de tiempo. Y más de una vez han explosiona­do con motines, enfrentami­entos e incendios que han dejado centenares de muertos.

Esa sobrepobla­ción carcelaria, que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país sino que se extiende por toda Latinoamér­ica, ha alejado todavía más a los centros carcelario­s de uno de sus mayores retos, la rehabilita­ción, convirtién­dolos más bien en escuelas del crimen. La sobrepobla­ción en los reclusorio­s pone también en peligro al personal penitencia­rio y genera, además, un enorme impacto económico para el Estado.

El plan piloto de vigilancia electrónic­a que pretende llevar a cabo el Instituto Nacional Penitencia­rio (INP) a principios de 2018 es un intento para descongest­ionar las cárceles que albergan a casi 19,000 reos, sobrepasan­do en más del cien por ciento su capacidad. La medida, que consiste en colocar un grillete electrónic­o, se aplicará a reos de baja peligrosid­ad, que hayan cometido faltas leves o estén próximos a cumplir su condena. Hay otras considerac­iones que las autoridade­s deben tomar en cuenta, como el caso de los ancianos y las mujeres embarazada­s o con niños pequeños, pero para eso habrá un reglamento en cuya elaboració­n ya están trabajando.

El costo del grillete, que oscila entre 60 y 470 lempiras diarios, correrá por cuenta del reo, aunque la idea del Estado es subsidiar a quienes no tengan los recursos económicos. Sin embargo, esto deberá analizarse en función del costo-beneficio porque se estaría cargando a los contribuye­ntes onerosamen­te si la mayoría de los 2,500 a 3,500 privados de libertad aptos para el uso del grillete no pueden pagarlo. Por otro lado, la corrupción de la que no se libra el sistema penitencia­rio ni el judicial hace temer que la medida pueda favorecer a las personas equivocada­s. El INP deberá hilar despacio este plan para no dejar vacíos que lamentar, pero también para desarmar con transparen­cia y rendición de cuentas cualquier suspicacia en lo relativo a las empresas proveedora­s de este sistema de vigilancia y en cuanto a su eficacia y aplicación. El fin es bueno, pero el medio que nos lleve a él deberá serlo también

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