Con otra óptica Otro crimen de alto vuelo

comenzó a caerles plomo en tanto se oía el estallido sorpresivo de los rifles de gruesa potencia y las destructivas ametralladoras calibre .50. Una de las ráfagas duró ocho segundos, lo que es cuantiosa y masiva descarga de fuego.

Dos helicópteros de la norteamericana agencia para el control de drogas (DEA) perseguían por la zona a una similar embarcación, a la que, con sus miras infrarrojas, habían visto que grupos humanos cargaban con supuestos bultos de estupefacientes. Pero tras una escena confusa en que los traficantes huyeron y la barca con droga quedó al garete, los seis soldados hondureños especializados y los cuatro agentes de la DEA que tripulaban las aeronaves vieron venir por el agua otro “pipante” (el de pasajeros) al que, temiendo que fueran refuerzos para los delincuentes, comenzaron a atacar. El resultado fue cuatro indígenas misquitos asesinados: dos mujeres embarazadas, un adulto y un niño.

Hasta allí todo podía tratarse de un accidente de guerra, lamentable situación de mala lectura circunstancial,

Los videos técnicamente regulares y los de infrarrojo muestran con absoluta evidencia que en el ‘pipante’ se conducían civiles desarmados”.

cuando el escándalo mundial estalló al siguiente día, el Departamento de Estado, la DEA, funcionarios de la Embajada de EUA en Tegucigalpa y la embajadora Lisa Kubiske ––el escalón profesional más bajo y mediocre a que ha descendido la diplomacia norteamericana en Honduras–– se apresuraron a afirmar que ningún policía estadounidense suyo había disparado sino los locales.

Esta semana, cinco años después, el New York Times revela que la DEA no solo mintió a nuestro país, al público y a los senadores de EUA que investigaban el caso sino que ocultó el crimen y consiguió que el gobierno hondureño respaldara su falsa versión en detrimento de sus mismos nacionales, por los que ni protestó y menos procuró justicia o compensación alguna. La primera alarma en torno a esa cruel mentira oficial la activó el periodista Dick Emanuelsson en 2012, cuando reveló que el protocolo bélico de la DEA impide que nadie, excepto sus agen- tes, dispare desde sus naves.

Los videos técnicamente regulares y los de infrarrojo muestran con absoluta evidencia que en el “pipante” se conducían civiles desarmados y que jamás hubo provocación para que se les asesinara. Pero más allá de esa objetiva contundencia lo que se comprueba es que fuerzas extranjeras ejecutan en el país operaciones irregulares y clandestinas, que para esas fuerzas el Estado concede todas las licencias y permisos, incluso en contra de sus ciupero dadanos, y que los gobiernos ––en este caso el tristemente cínico de “Pepe” Lobo–– son cómplices, sin prescripción de responsabilidad, contra el hondureño mismo. Para esto es que el régimen yanqui ha forzado a los pueblos del mundo a que renuncien al Estatuto de Roma, para que nadie juzgue sus desafueros, matanzas y genocidios.

Otro crimen, como tantos históricos, en contra de la esencia misma de la nacionalidad, lo que son nuestros pueblos originarios