MP lleva avance sustancial en investigación en el Praf
Investigación Las denuncias interpuestas por el CNA ya se encuentran en manos de fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, que se encargará de hacer las indagaciones correspondientes
El Ministerio Público (MP) desde hace unos días está investigando una serie de supuestos actos de corrupción reportados en el Programa de Asignación Familiar (Praf). “El Ministerio Público tiene avances sustanciales en investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Praf”, dijo a EL HERALDO una fuente ligada al proceso de investigación. Recientemente, fiscales del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de investigación Criminal (ATIC) secuestraron una serie de documentos en esa institución, confirmó. Aseguró que de encontrar indicios de que existieron actos de corrupción, no se descarta emitir acusaciones contra los responsables.
Los documentos están siendo analizados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción Pública (Fetcop). El MP no solo investiga las dos denuncias interpuestas recientemente por personeros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sino que otras que fueron interpuestas por personas naturales. Por su parte Yuri Mora, vocero del MP, informó que estas dos investigaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic). Las investigaciones hechas por la Ufecic son lideradas por los fiscales e investigadores de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih). “El caso del CNA ya lo pidió la Maccih”, señaló Mora.
Las denuncias
El CNA denunció en dos líneas de investigación que exfuncionarios del Praf otorgaron de manera fraccionada 420 contratos a tres empresas que se encargarían de ejecutar proyectos de capacitación en 16 departamentos del país. La primera denuncia se trata del otorgamiento de forma fraccionada de 243 contratos a una sola empresa, presuntamente, en este caso los funcionarios se confabularon para evadir los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado. El perjuicio económico en esta línea de investigación fue de 17.4 millones de lempiras. Mientras que en el segundo caso, presuntamente, los funcionarios del Praf sobrevaloraron contratos favoreciendo a dos empresas relacionadas entre sí, por 31 millones de lempiras. El costo, según el CNA era de 18 millones de lempiras, por lo que se perjudicó al Estado por 12.5 millones de lempiras. Entre las dos líneas de investigación el ente de sociedad civil pudo identificar un perjuicio a las arcas del Estado hondureño por más de 30 millones de lempiras. Las investigaciones mostraron que en el fraccionamiento de los contratos se involucraron al menos ocho exfuncionarios del Praf. No se descarta que a medida avance el proceso investigativos los exfuncionarios rindan declaraciones ante el ente fiscal