Agentes adulteraron investigación
Dos investigadores, uno activo y el otro separado de la Policía Nacional, fueron detenidos ayer por presentar pruebas falsas en los dictámenes sobre las pesquisas recabadas alrededor del crimen de la ambientalista
Nuevos elementos se suman a las investigaciones en torno al asesinato de la ambientalista y defensora de los pueblos indígenas, Berta Cáceres.
Ayer, dos personas más fueron detenidas por las autoridades por entorpecer las averiguaciones realizadas en este caso.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detuvieron a un policía activo y a un exmiembro del cuerpo policial, que habían participado en las investigaciones de la muerte de la ambientalista.
Se trata del investigador Juan Carlos Cruz, asignado a la unidad de investigación de homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el expolicía, antiguo miembro de la DPI, Miguel Arcángel Rosales Izcano.
A ellos se les acusa por el delito de inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente en perjuicio de la administración pública.
Investigación
Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, aseguró que “la Policía Nacional en este caso está a disposición de brindarle todos los requerimientos que necesiten para el proceso de investigación a cualquier autoridad pública”.
La ATIC informó que el delito por el cual se les acusa a los investigadores Cruz y Rosales Izcano está relacionado con las primeras pesquisas que recabaron sobre el asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los ahora sindicados y que al final resultaron siendo falsas.
De acuerdo a la investigación dirigida por fiscales para el enjuiciamiento y practicadas por agentes de la ATIC, los capturados presentaron pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista.
El requerimiento emitido contra el agente de investigación activo podría derivarse en una sanción dentro del fuero policial. Sin embargo, Jair Meza, explicó que “estamos esperando mediante comunicación oficial cual es el requerimiento y las pruebas que tiene el Ministerio Público para hacer lo pertinente de forma administrativa”.
Se descartó el robo
Después del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016, se dijo que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo, la investigación efectuada por la ATIC descartó ese extremo. Esta hipótesis se desestimó luego que el 2 de mayo de ese mismo año se ejecutó la Operación Jaguar, en la cual se logró la captura de cuatro personas, entre ellos, el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).
Contra esta compañía se enfrentó la extinta ambien- talista, en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir un proyecto hidroeléctrico.
Hasta la fecha, son ocho las personas procesadas e implicadas en el crimen, entre presuntos autores intelectuales y materiales, todos con proceso penal vigente por el delito de asesinato.
Los capturados y proce- el día del asesinato
3 de marzo de 2016
Berta Cáceres fue asesinada en su casa de habitación en la residencial El Líbano, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, occidente de Honduras. sados son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (mayor del Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Aroldo Torres Velásquez