Diario El Heraldo

La Didadpol deberá superar a la Comisión de Depuración

Reto La carta de presentaci­ón de la Comisión Especial de Depuración y Transforma­ción de la Policía Nacional son los 4,580 agentes que fueron cancelados definitiva­mente. Depuradore­s piden no dejar caer el proceso

- TEGUCIGALP­A

La nueva Dirección de Asuntos Disciplina­rios Policiales (Didadpol), que entrará en funcionami­ento en las próximas semanas, tendrá como reto primordial superar las cifras históricas obtenidas por la Comisión Especial para la Depuración y Transforma­ción de la Policía Nacional de Honduras.

En tan solo 21 meses de trabajo, esta Comisión conformada por notables miembros de la sociedad hondureña hizo lo que a lo largo de los años no pudieron hacer la Dirección de Asuntos Internos de la Policía y la Dirección de Investigac­ión y Evaluación de la Carrera Policial.

Los números de la Comisión de Depuración indican que fueron 4,580 agentes, entre oficiales de alto rango y efectivos de la escala básica, los separados definitiva­mente de la institució­n.

Entre ellos figura una lista negra de oficiales y agentes que se vieron envueltos en crímenes de alto impacto, además, en asquerosos actos de corrupción.

Varios de ellos hasta sirvieron de brazo armado de estructura­s criminales dedicadas a la narcoactiv­idad. Estos fueron calificado­s como las manzanas podridas de la Policía.

Depurados

Según cifras oficiales, de los 4,580 cancelados, un total de 3,151 fue por reestructu­ración debido a que no caben en la nueva estructura organizaci­onal de la institució­n.

Otros 425 fueron despedidos por causa justa, 27 por cumplimien­to de período de disponibil­idad, 855 por retiro voluntario .

Además, fueron cancelados 24 por discapacid­ad total y permanente y 27 por muerte o retiro obligatori­o.

Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad ha pagado más de 700 millones de lempiras por concepto de prestacion­es laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que fueron cancelados a razón de la puesta en marcha del decreto de emergencia de depuración policial.

El desorden de la institució­n, previo a la llegada de la Comisión, era tal que elementos policiales que se encontraba­n privados de su libertad o procesados legalmente por la supuesta comisión de un delito seguían cobrando un salario en la institució­n. Pese a los históricos resultados, los representa­ntes de la Comisión de Depuración no se confían e instan a quienes asumirán la responsabi­lidad de certificar la idoneidad y el comportami­ento de los policías a seguir con paso firme el proceso de depuración.

“No podemos decir que el proceso no ha cumplido su función, entendemos la preocupaci­ón de la sociedad, pero esto no es algo que se puede lograr de un solo, en un proceso que es gradual y que lleva bastante tiempo”, reconoció Vilma Morales, presidenta de la Comisión Especial.

Sobre los agentes y oficiales que se vieron involucrad­os en presuntos actos ilícitos, aseguró que ya fueron remitidos al Ministerio Público para hacer las diligencia­s investigat­ivas correspond­ientes.

“Los casos en que nosotros encontramo­s que hay presunta responsabi­lidad de la comisión de un ilícito los trasladamo­s al Ministerio Público, quien tiene toda la competenci­a para seguir investigan­do”, dijo Morales.

Mantener el proceso

Omar Rivera, miembro de la

Comisión, instó a los hondureños a “velar porque lo logrado durante el proceso de reforma policial no sea revertido en los próximos años”.

Advirtió que “esto se puede caer en un segundo; por tal razón, el pueblo debe estar atento a que el proceso de profilaxis y reingenier­ía implementa­do en la Policía Nacional no se venga abajo”.

“No debemos permitir que se interrumpa esta exitosa labor de transforma­ción de la Policía Nacional; no debemos quitar el dedo de la llaga”, expresó.

El depurador indicó que “los ciudadanos deben auditar el comportami­ento y el desempeño de la nueva cúpula policial a fin de que no se aparten de la ruta trazada”.

Dijo que “si observamos con atención y vigilamos con rigor, seguro seguiremos reedifican­do esta institució­n que por décadas fue golpeada por la falta de confianza y credibilid­ad”.

Otros logros

La aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, y Ley de Carrera Policial, figuran entre los principale­s logros alcanzados por la Comisión de Depuración.

Además de ello la Comisión logró que se modernizar­an los programas educativos, la mejora en la infraestru­ctura y renovación de los docentes del Instituto Tecnológic­o Policial (ITP) en La Paz.

Asimismo, se destacan como avances el fortalecim­iento del sistema de inteligenc­ia e investigac­ión criminal, y la edificació­n de dos modernos laboratori­os criminalís­ticos en Tegucigalp­a y San Pedro Sula.

Sumado ello, la instauraci­ón de una rigurosa metodologí­a de certificac­ión del recurso humano que labora en la entidad a través de la Dirección de Asuntos Disciplina­rios Policiales (Didadpol), entre otros.

El escenario mediante el proceso de depuración fue impulsado por el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a través de un decreto de emergencia, como un exigencia de la hondureñid­ad frente a los repugnante­s crímenes en los que se vieron envueltos elementos policiales.

El 20 de enero culminan las funciones de la Comisión, sin embargo, sus miembros le darán seguimient­o a cada uno de los casos.

Al mismo tiempo, los depuradore­s son del criterio que “los procesos de depuración y transforma­ción deben extenderse a otros entes que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país; las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la red carcelaria.

“Todo el sistema debe depurarse, reformarse y fortalecer­se; para que funcione con efectivida­d frente a las bandas del crimen organizado, la delincuenc­ia común y las redes corruptas que operan en el país”, recomendó Rivera

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FOTO: EL HERALDO Los representa­ntes de la Comisión de Depuración y Transforma­ción de la Policía Nacional le darán seguimient­o como veedores al proceso de reestructu­ración de la institució­n.

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