Derechos confusos
"Estas coyunturas deben servir para que el Estado abra un diálogo real e inclusivo"
El derecho a la protesta pública de unos y el derecho a la libre circulación de otros es una discusión que aunque no es nueva, crece y se calienta.
La conflictividad social incubada por las denuncias sobre fraude electoral que comparte la oposición política y buena parte de la ciudadanía está provocando tensiones que por desconocimiento de la doctrina de derechos humanos queda en simple dicotomía.
Las calles son el escenario a través del cual los sectores en condiciones vulnerables expresan su indignación en un ejercicio democrático reconoci- do en los artículos 72, 78 y 79 de la Constitución y 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Honduras.
Tienen derecho a manifestarse pacíficamente, sí; tienen los conductores y la población de a pie derecho a circular, sí; pero no es tan simple. La protesta forma parte del derecho a la libertad de expresión al cual acuden quienes no encuentran en el sistema institucional respuesta a la brecha de desigualdad social, económica y política y más bien sirve como válvula de escape contra explosiones sociales sin control.
El uso represivo de la fuerza conduce a más violencia e intimida y reprime la participación ciudadana. El abogado y sociólogo argentino Roberto Gargarella explica que la libertad de expresión es la base para la preservación de los demás derechos, si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer.
Los hechos violentos que ocurren en la protesta no pueden justificar la violencia de policías y militares y cuando esto ocurre las fuerzas del orden deberían estar preparadas con respuestas legítimas de acuerdo a la situación.
Ante los reclamos populares, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH expresa que las críticas, incluso ofensivas, radicales o perturbadoras, deben recibirse con más y no con menos debate. Estas coyunturas deben servir para que el Estado abra un diálogo real e inclusivo que articule un cerco de esfuerzos contra la desigualdad, diálogo que en este caso debería empezar por discutir las denuncias de fraude