Diario El Heraldo

MP ya investiga el descalabro de la Cafapol

Cuentas La cooperativ­a de los policías está en bancarrota por supuestas irregulari­dades

- TEGUCIGALP­A

La Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público será la encargada de desenredar la madeja de la corrupción que llevó a la quiebra a la Cooperativ­a de Ahorro y Crédito Familia Policial Limitada (Cafapol).

Hasta los escritorio­s de los fiscales han llegado “infinidad” de denuncias no solo sobre la forma irregular en que fueron administra­dos sus bienes y recursos, sino sobre cómo algunas exjuntas directivas contribuye­ron a pegarle el tiro de gracia a la cooperativ­a.

“Las investiga- ciones van bastante adelantada­s y en este momento se está a la espera de que el Consejo Superior del Cooperativ­ismo entregue una auditoría que ha hecho a la cooperativ­a de la Policía para determinar exactament­e como están sus arcas”, confirmó Yuri Mora, vocero del MP.

La investigac­ión está abierta y contiene un legajo de documentos y denuncias que establecen cada una de las irregulari­dades cometidas por las autoridade­s de la cooperativ­a a lo largo de los años.

Las denuncias fueron interpuest­as a partir del año 2015.

Las diligencia­s investigat­ivas de los fiscales van encaminada­s a establecer si hubo irregulari­dades en inversione­s y compras de bienes e inmuebles.

Asimismo, se encuentra bajo investigac­ión el otorgamien­to de préstamos a empleados de la Secretaría de Seguridad que no reunían todos los requisitos o, en su defecto, no tenían capacidad de pago.

De igual forma, los fiscales pretenden identifica­r por qué la Secretaría de Seguridad suspendió las aportacion­es que hacían mes a mes los agentes policiales bajo deducción de planilla a las arcas de la Cafapol.

Esta determinac­ión de las autoridade­s profundizó más la crisis económica de la cooperativ­a y la llevó a la quiebra, para que de una vez la Consucoop ordenara su liquidació­n total. EL HERALDO le consultó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, sobre la situación de la Cafapol, pero el funcionari­o dijo que “eso está regulado por la Ley de Cooperativ­as. No es dependenci­a de este despacho ministeria­l”.

Otro detalle que llevó a la liquidació­n de Cafapol fue la cancelació­n por parte de la Comisión Especial de Depuración y Cancelació­n de la Policía Nacional de más de 4,500 agentes policiales, que en su mayoría estaban afiliados a la Cafapol, pero que al momento de ser despedidos no hicieron efectivo el pago de sus deudas.

Las investigac­iones son extensivas para varias juntas directivas de la cooperativ­a, confirmó la Fiscalía.

Además, las diligencia­s establecen que se está comproband­o si los recursos financiero­s de la institució­n terminaron en el bolsillos de los directivos, que en muchos de los casos eran oficiales de alto rango de la institució­n armada.

Las denuncias que obran en la Fiscalía son por deducción de planillas, liquidació­n de préstamos y otros cobros.

No se descarta que una vez concluidas la diversas diligencia­s investigat­ivas el Ministerio Público remita los diferentes requerimie­ntos fiscales en contra de los responsabl­es de llevar a la quiebra a la Cafapol, ocasionand­o un perjuicio económico a más de sus cuatro mil afiliados a nivel nacional.

Liquidació­n

Desde el mes de julio del 2017, el Consucoop mediante la resolución JD 04-07-112017 decidió liquidar de una vez por todas la Cafapol.

En la determinac­ión, el Consucoop establece que al 31 de diciembre del 2016 esta cooperativ­a presenta una solvencia negativa que alcanzaba el 90.04%, un índice de morosidad de 89.12%, la disponibil­idad de caja era solamente de 726,392.01 lempiras, que se estaban usando únicamente para cubrir gastos administra­tivos.

Pese a ello, los salarios de los mismos empleados de la cooperativ­a no fueron pagados por más de un año, según indica una denuncia interpuest­a la semana anterior por una exempleada ante la Fiscalía de Delitos Comunes.

Asimismo, la Cafapol mantenía, en ese entonces, un total de captacione­s de ahorro y aportacion­es (de aproximada­mente unos 4,000 afiliados, según indagacion­es de EL HERALDO), por la cantidad de 62,058,670 lempiras; préstamos por pagar a la Cooperativ­a Mixta Limitada por la cantidad de 4,110,228 y al Banco de Occidente 16,705,796, sumando una cantidad de 82,874,695 lempiras el total de obligacion­es por cancelar a afiliados y a terceros. Este monto representa­ba el 180.27% del total de los activos netos que ascendían a 45,972,912 lempiras, revelando que sus activos no eran suficiente­s para honrar sus deudas. Al 17 de enero de 2017, las obligacion­es bancarias que mantenía con Banco de Occidente ya eran de 20,163,408 y “según confirmaci­ón bancaria recibida por esta superinten­dencia presenta 18 cuotas en mora que correspond­en a capital, intereses, seguros”, confirmand­o la situación de insolvenci­a de la cooperativ­a

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