Jesucristo es sentenciado

Tras ser traicionado por Judas, abandonado por el resto de discípulos y capturado, fue trasladado ante el Consejo Supremo del sacerdocio judío, mismo que ya había decidido su condena a la pena capital.

Se requería presentarlo ante el gobernador romano, Poncio Pilato, que debía, en última instancia, absolverlo o declararlo culpable. El interrogatorio al que fue sometido confirmó la inocencia del Mesías, por lo que el clero acudió a incitar a la muchedumbre congregada para que presionara por su condena. Pilato les propuso que escogieran entre Cristo y Barrabás: uno de ellos sería liberado, el otro crucificado.

La plebe, manipulada por el clero, pidió la ejecución del Redentor. Ante ello, Pilato adoptó una actitud por demás irresponsable y cobarde: lavarse las manos, símbolo de escapismo judicial, a sabiendas que al Salvador del Mundo le esperaba una muerte cruel, precedida por todo tipo de tormentos y vejámenes.

Así funciona la justicia, cuando se parcializa a favor de quienes controlan el poder y la riqueza, en desmedro de los marginados y excluidos. Se torna cómplice, descartando la obligación de otorgar a cada quien lo que en derecho le corresponde, sin inclinarse ante una de las partes, sea por “órdenes superiores”, por sobornos o por influencias indebidas, hasta llegar a perder legitimidad y credibilidad.

De esta manera, la justicia se torna injusticia, actuando ilegal y selectivamente, en abierta violación de los derechos humanos fundamentales. La presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, quedan descartados, de antemano conociéndose el fallo final.

La corrupción del sistema judicial es uno de los más graves problemas institucionales que aquejan a muchas naciones, y Honduras, por desgracia, no es una excepción.

Adecentarlo, recuperando su independencia ante los otros poderes estatales se constituye en un requisito esencial y fundamental para la transparencia y gobernabilidad en cualquier país, independientemente de su sistema económico y político