Responsabilidad La corrupción y los ciudadanos
en crisis, sufriendo las consecuencias de la pérdida de autoridad moral frente a los ciudadanos y el creciente desencanto de la población con un sistema donde ha prevalecido la corrupción y la impunidad para los altos jerarcas políticos y empresarios coludidos con ellos.
El famoso caso de Odebrecht con sus ramificaciones en varios países de América Latina ha sido como un virus que se ha extendidos por la región, afectando político tras político. Incluso un personaje tan popular como Lula da Silva, favorito en las encuestas, corre el peligro de no poder participar en las próximas elecciones de Brasil por los cargos de corrupción a los que se está enfrentando en la actualidad. El Presidente de Perú acaba de renunciar a su cargo.
En Honduras, después del anuncio que hiciera el entonces vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) sobre los casos de corrupción que involucraban a un buen número de diputados, pareciera que los corruptos se han unido y hecho un frente común para tomar metres didas preventivas y evitar que el Ministerio Público continúe con las acciones judiciales correspondientes.
La primera señal de alarma fue la introducción dentro del Decreto de las Disposiciones Generales del Presupuesto de un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, dando al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la responsabilidad de auditar el uso de dichos recursos con retroactividad a los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, para lo cual se le otorga un plazo de años. Además, mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa o penal, coartando así el derecho del Ministerio Público de iniciar acciones judiciales. Como un hecho posterior, se conoció, después de revisar el video de la sesión, que el texto publicado en el diario oficial La Gaceta difería del aprobado por los diputados, por lo que fue posteriormente modificado incorrectamente mediante una Fe de Erratas.
Luego, el Congreso Nacional aprobó un decreto modificando la Ley sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el cual está pendiente de ser sancionado por el Poder Ejecutivo, y que según versión de algunos medios de comunicación, podría ser vetado. Y para completar la faena, un grupo de abogados interpuso un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Convenio que dio vida a la Maccih y que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia.
La corrupción es un mal endémico en todos los países, pero para combatirla lo que realmente cuenta es que exista un sistema que permita llevar a juicio a los corruptos y no dejar que la impunidad sea la que prevalezca, y que es lo que hace que el mal se propague a todos los niveles. Los ciudadanos tenemos el deber ético y moral de unirnos y luchar contra los corruptos, debemos salir a la calle a protestar en forma pacífica y a exigir que la ley se aplique sin distinciones de ninguna clase a todos los que la violan y que la corrupción no quede impune.
Los efectos negativos de la corrupción son de toda clase, desde el apropiarse indebidamente de recursos públicos que se necesitan para mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas, los pagos por gestiones ante diferentes organismos públicos hasta la ejecución de obras sobrevaloradas y de mala calidad. Al final, si los ciudadanos no hacemos nada, los casos señalados y otros por venir dejarán de ser noticia y paulatinamente se evaporarán, lo que nos convertirá en cómplices de los corruptos al estar aplicando el dañino concepto de “Dejar hacer, dejar pasar”. Y después no tendremos derecho a quejarnos
Los partidos políticos están en crisis, sufriendo las consecuencias de la pérdida de autoridad moral frente a los ciudadanos”.