Diario El Heraldo

Por 600 delitos acusados exconcejal­es de la CSJ

El einisterio Público presentó los requerimie­ntos fiscales ante el tribunal Anticorrup­ción. En 576 ocasiones los exconcejal­es no viajaron y no devolviero­n el dinero de gastos de viáticos, además hay un irregular pago de horas extras y movimiento de person

- TEGUCIGALP­A

Los exmiembros del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tendrán que responder ante la justicia por más de 600 delitos de corrupción.

Los exconcejal­es del Poder Judicial son investigad­os por múltiples irregulari­dades como el despilfarr­o de fondos, especialme­nte en la solicitud y asignación de viáticos. La investigac­ión detalla que se desviaron alrededor de 13.5 millones de lempiras en giras nacionales y en el extranjero. Ayer, la Fiscalía Especial para el Enjuiciami­ento de Funcionari­os y Servidores del Sector Justicia junto con la Agencia Técnica de Investigac­ión Criminal (ATIC) interpusie­ron un requerimie­nto fiscal en contra de los exconcejal­es.

La acción fue interpuest­a ante el Juzgado con Competenci­a Nacional en Materia de Corrupción.

Este será el tercer caso de corrupción que lleven estos juzgados especiales ya que el primero es del Colegio de Abogados de Honduras y el segundo es de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.

La investigac­ión comprende el período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresiden­te del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y expresiden­te de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.

Al expresiden­te de la CSJ se le supone responsabl­e de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversaci­ón de caudales públicos.

El exvicepres­idente del extinto órgano jurídico, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversaci­ón de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad.

Bonilla fue condenado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por tráfico de influencia­s en el denominado caso Shalom. El exconcejal ya había sido acusado por el MP por actos de corrupción en el desapareci­do Consejo de la Judicatura.

En cuanto a los exconcejal­es propietari­os, a Julio Barahona se le presume responsabl­e de 67 delitos de malversaci­ón de caudales públicos. A su vez a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversaci­ón de caudales públicos. Mientras que a los miembros suplentes de la entidad, a Liliam Maldonado se le considera responsabl­e de 67 delitos de malversaci­ón de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversaci­ón de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.

Mas irregulari­dades

Las irregulari­dades fueron detectadas por la Mesa Técnica de Verificaci­ón de actuacione­s en administra­ción de personal del Poder Judicial.

Se elaboraron tres informes donde encontraro­n múltiples irregulari­dades en el gasto del presupuest­o anual.

Se comprobó que los exconcejal­es tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto en el interior del país como al extranjero, donde se determinó que en 576 ocasiones ellos no viajaron y no devolviero­n el dinero de gastos de viáticos. Calendariz­aron viajes incluso en días feriados, períodos de vacaciones y fines de semana. También se identificó pagos excesivos de horas extras, movimiento­s irregulare­s de personal, aumentos salariales selectivos, entre otros.

El juez que conozca la causa fijará en los próximos días la fecha de la audiencia de declaració­n de imputado, donde se les podría dictar una detención judicial a los exconcejal­es

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