Piden nulidad de la Junta Proponente
La sociedad civil es representada en la Junta Proponente por la abogada Melissa Elvir
La Coalición contra la Impunidad interpuso ayer ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de nulidad en contra de las actuaciones de la Junta Proponente que nominará a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Los denunciantes alegan que en la Junta hay un representante de la sociedad civil y eso según explicaron fue declarado inconstitucional en el 2016.
“Presentamos un recurso de nulidad de todas las acciones de la Junta por estimar que las mismas están viciadas al haber incorporado la representación de sociedad civil contrariando el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público y la sentencia de inconstitucionalidad que dictó la Sala Constitucional”, explicó el peticionario Guillermo López Lone.
En ese sentido, señaló que no existe asidero legal para la participación de la sociedad civil. “Al haber habilitado esa participación se ha cometido un acto de carácter ilegal que puede acarrear consecuencias para estos funcionarios, pero lo que ahora mismo nos interesa es que se declare la nulidad de todas las actuaciones”, indicó.
Solicitaron que la Junta Proponente debería conformarse de nuevo, pero sin la participación de entes de sociedad civil.
Aunque no descartaron que las diversas organizaciones de la sociedad civil pueden ser veedores del proceso de elección del fiscal general del Estado y fiscal general adjunto.
Melissa Elvir es la representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente. Fue designada ante el ente nominador por más de 200 organizaciones el 17 de marzo en una asamblea abierta.
En la actualidad, la Junta trabaja en la aprobación de sus formularios de trabajo La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró recientemente sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre la resolución emitida por el mismo ente judicial en torno al recurso de inconstitucionalidad en contra de la fe de erratas y las reformas a Ley General del Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República.
La Sala de lo Constitucional argumentó que la deci-