El expresidente Lobo ya tiene en su poder su vivienda
La Corte de Apelaciones deberá resolver el recurso de reposición en las próximas horas
El expresidente de la nación, Porfirio Lobo Sosa, ya tomó posesión de su lujosa vivienda ubicada en la aldea El Chimbo, Santa Lucía.
Una fuente oficial de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) informó que desde el viernes anterior el exmandatario tomó posesión de la mansión.
La casa había sido asegurada por la OABI el 28 de febrero, día en que fue capturada la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
El expresidente y su familia se apresta a retornar el menaje de la vivienda en las próximas horas.
El pasado 3 de abril, Lobo Sosa entregó voluntariamente la casa de su esposa, tras un plazo de 30 días otorgado por la OABI para que abandonara el inmueble.
Re.osición
La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción se pronunciará en las próximas horas ante el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Bonilla de Lobo y los otros dos acusados Mauricio Mora y Saúl Escobar.
Ayer fueron notificados del recurso el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Los fiscales tendrán que responder el recurso de reposición en 24 horas.
En caso de que la Corte declare sin lugar el recurso, la defensa interpondrá un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso de amparo busca que la Sala Constitucional se pronuncie si a los acusados se les está violentando los derechos constitucionales a la libertad.
Y es que la defensa legal señala que los delitos por los cuales están siendo acusados no están dentro del catálogo del artículo 184 del Código Penal que contempla la prisión como medida preventiva.
Los abogados tienen un plazo de 60 días hábiles para interponer el amparo en la CSJ.
Estimaciones
La primera resolución de la Corte de Apelaciones modificó los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos a fraude y apropiación indebida en contra de Bonilla.
Mientras que los otros dos imputados son acusados de fraude.
El Código Penal hondureño establece que el delito de fraude es castigado con entre seis y nueve años de prisión.
La misma pena contempla por el delito de apropiación indebida La Junta Proponente del fiscal general del Estado publicó ayer el Protocolo para la Realización de las Audiencias Públicas a los 25 aspirantes al cargo.
Las audiencias públicas se llevarán a cabo en uno de los salones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) los días 28, 29 y 30 de mayo.
El comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó que los aspirantes a candidatos dispondrán de un espacio de 40 minutos para desarrollar su presentación y respuestas a las preguntas formuladas. Explicó que inicialmente cada aspirante