Diario El Heraldo

Hasta la próxima semana se derogará el artículo 335-B

La Sala Penal de la CSJ sugirió abolir el polémico literal que vulnera la libre emisión del pensamient­o

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Entre miércoles o jueves de la próxima semana, la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional estaría sometiendo a discusión el dictamen del proyecto de decreto que busca derogar el literal B del artículo 335 del Código Penal.

Este literal deja la puerta abierta para que los medios de comunicaci­ón que publiquen o emitan opiniones que sean considerad­as como apologías al terrorismo sean sancionado­s. Luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sugiriera ayer al pleno de magistrado­s abolir este inciso, el miembro de la comitiva legislativ­a, Francisco Paz, anunció que el próximo martes se elaborará el dictamen de la iniciativa presentada por la diputada del partido Libertad y Refundació­n (Libre), Scherly Arriaga. Vaticinó que se pedirá dispensa de dos debates para que el proyecto sea discutido y aprobado de forma más expedita y bajo el respaldo de las ocho bancadas del CN.

Mauricio Oliva, presidente del CN, anunció el 25 de mayo, Día del Periodista hondureño, que ese apartado se es-

taría derogando.

Enviar documento

“El documento que contiene la opinión (de la CSJ) será enviado al Congreso Nacional recomendan­do la derogatori­a del artículo 335-B fundamenta­do en lo que establece el artículo 72 de la Constituci­ón de la República que habla sobre la libertad de emisión del pensamient­o”, informó el director de comunicaci­ón institucio­nal de la Corte, Melvin Duarte.

El presidente del Colegio de Periodista­s de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter que “los periodista­s celebramos la opinión del Poder Judicial y con esto ratifica que nuestra institució­n siempre tuvo la razón que el artículo 335-B era inconstitu­cional y violentaba la libertad de expresión”

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FOTO: EL HERALDO La disposició­n “mordaza”, como es conocida, ha mantenido a la prensa bajo la amenaza de sanciones de 4 a 8 años de prisión.

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