Diálogo democrático hacia un pacto social

Desde que inicié la presente gestión administrativa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), he señalado persistentemente situaciones estructurales y sistémicas incompatibles con las normas fundamentales que guían la dirección de nuestro Estado y sociedad, y que deben atenderse para avanzar en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, entre ellos, el derecho al desarrollo de los (as) habitantes.

Como ejemplo de esas situaciones he señalado la pobreza y la exclusión social en las cuales vive la mayoría de nuestra población, agravadas por violencia, delincuencia, corrupción, impunidad, desplazamientos forzados internos y migración forzada, incendios, plagas forestales y talas ilegales, desastres, así como por actitudes y posiciones político-partidistas e ideológicas contrarias a la tolerancia democrática que expresa el respeto al pluralismo ideológico, a la diversidad social y al goce de los derechos humanos, en un marco de igualdad y equidad.

Todos esos y otros males públicos que, a lo largo de la historia hemos permitido avanzar, nos han conducido a la presente excepcional situación crítica y al clima generalizado de desconfianza con respecto a la funcionalidad de la institucionalidad pública y aun de la sociedad, con incidencia en la fragmentación de la unidad y solidaridad en las familias y las comunidades. Aspectos que se han visto corroborados y exacerbados por la crisis poselectoral, iniciada en el 2017, con sus consecuencias negativas sobre la vida, integridad y otros derechos humanos y, en consecuencia, sobre la armonía social y la paz.

Ese estado de las personas y cosas nos coloca en dirección contraria a lo que prescribe el ordenamiento jurídico fundamental, en especial en los categóricos artículos 1 y 59 de nuestra Constitución de la República, que ordenan imperativamente el rumbo que debe seguirse en el ejercicio de la función de crear, observar o aplicar las leyes (incluyendo el aspecto complementario de la conformación y funcionamiento del poder público), así como en la formulación de políticas económicas, sociales, culturales y ambientales.

En efecto, todas las funciones del Estado deben dirigirse hacia la finalidad suprema constitucional de asegurar que las personas puedan gozar y ejercer la integralidad de sus derechos humanos, en un ambiente de democracia y libertad, en igualdad de condiciones y sin discriminación, con atención especial y equitativa a los más desfavorecidos o en condición de vulnerabilidad.

Ello significa que, dentro de nuestro Estado de derecho, el principio de legalidad y el ejercicio del poder público deben estar siempre al servicio de la protección, respeto y promoción de la dignidad humana, la cual debe asimismo respetarse entre todas y todos los miembros de la sociedad; y que, en consecuencia, la formación democrática del poder político tiene que estar también al servicio de ese fin humanitario supremo y realizarse por medio de elecciones libres, transparentes y justas.

Haber cumplido integralmente esas normas superiores de nuestra Constitución hubiera evitado o, por lo menos, reducido significativamente los males públicos que hoy nos afligen. Pero aún es tiempo de lograrlo, porque esas normas continúan manteniendo su carácter imperativo y determinando lo que distingue for- malmente a Honduras como Estado democrático y social de derecho.

Ante ese conjunto de realidades, llamo nuevamente y con mayor vehemencia, a los servidores públicos y a la sociedad, al cumplimiento integral de los respectivos deberes y responsabilidades legales conforme a las guías constitucionales que nos ordenan actuar siempre teniendo presente que el poder del Estado debe imperativamente encaminarse a asegurar, a los habitantes, el goce real del bienestar, la justicia, la libertad y la paz, visto que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado democrático. Por eso, como titular del Conadeh, he continuado llamando al diálogo democrático y un pacto social que detenga y revierta esa nociva tendencia de desencuentro entre el estado de hecho de nuestro pueblo y el Estado de derecho vigente formalmente. Un diálogo cuyos resultados de cambios estructurales y sistémicos nos permitan retomar la senda constitucional hacia el fin supremo de la sociedad y el Estado, y asegurar que la formación del poder público y su ejercicio sigan mejores lineamientos democráticos para garantizar la protección, respeto y promoción de la dignidad humana

La formación democrática del poder político tiene que estar también al servicio de ese fin humanitario supremo y realizarse por medio de elecciones libres, transparentes y justas.