Invitado Sobredosis de neoliberalismo populista

El Decreto Presidencial (en Nicaragua) No. 03-2018 publicado en La Gaceta No. 72 del 18 de abril de 2018 es la receta económica del FSLN – FMI de reforma al Decreto No. 975 “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” publicado en La Gaceta No. 49 del 1 de marzo de 1982. Esta reforma contrarrevolucionaria fue inmediatamente derogada el 22 de abril del corriente gracias a la correcta racionalidad y exigencias de la Juventud Universitaria 19 de Abril. Esta desmitificación del gobierno, donde se ha hecho evidente su rara simbiosis populista y neoliberal, detonó un descontento ciudadano generalizado. La represión policial y parapolicial ha empeorado la situación, con un recuento de más de 50 jóvenes asesinados. Abajo, en cinco puntos se explica la manera en que tramaron atracarle al pueblo nicaragüense, por distintas vías, casi el 20% de sus ya salarios de pobreza. A cambio, el gobierno, en toda la Ley, apenas comprometía aportar un mísero 0.5% (artículo 29).

Primero: Sacrificio del nivel de vida en 0.75% y reducción del nivel de ganancias en 3%. La cuota de cotización se incrementaría en 3% y 0.75% respectivamente para los empleadores y trabajadores. Ello desestimularía la inversión y empobrecería a las familias nicaragüenses. El aporte de las empresas estaría llegando a un sustantivo 22.5%, que sumado al 7% de los obreros totalizan entre ambos un 29.5% sobre la base salarial. Actualmente ese aporte es de 25.75%. Los datos indican que no es un problema de indisposición de los empleadores y trabajadores al pago de sus aportaciones, sino de mala administración de las mismas, en un enredo público – privado. El sistema público es supernumerario. El sistema privado traiciona los principios de la seguridad social.

Segundo: Ilusión de bonanza monetaria que se roba un 3.12%. ¿Cómo se da este proceso? Antes, en breve, la inflación es el incremento generalizado de los precios y la devaluación es la pérdida del valor de la moneda. Ambas reducen el poder adquisitivo de la población en general. Digamos que la inflación son los precios internos y la devaluación es la inflación externa. La Ley anterior (artículo 96) ajustaba las pensiones al costo de vida: “Tomando en consideración los estudios de los organismos del Estado pertinentes sobre la elevación del costo de la vida con relación al poder adquisitivo de la moneda, podrá el Consejo Directivo del Instituto revalorizar las pensiones (…)”. En cambio, la Ley reformada aplica un mantenimiento de valor al dólar: “El monto de las pensiones será actualizado, aplicando el mantenimiento de valor con relación a la tasa cambiaria oficial (…)”. ¿Cuál es el truco? La inflación anual acumulada, en promedio, desde 2007 al 2017 fue de 7.23%, con los extremos de 0.9% en 2009 y 16.9% en 2007. Entre el 2015 y el 2016 promedió 3.12%. La inflación del 2017 fue de 5.7% y el estimado del 2018 es 6.5%. En cuanto a la devaluación, después del descalabro económico de los 80 se estableció un deslizamiento anunciado del 5% anual. Así, al cambiar el criterio de cálculo del pago mensual a los pensionados, del costo de vida hacia el mantenimiento de valor, el gobierno recaudaría automáticamente un 2.23%. Lo ideal no es el cambio de un mecanismo a otro, sino que se ajusten a la vez el costo de vida y la devaluación de la moneda.

Tercero: A los pobres de la tercera edad, en vez de darles más, ellos aportan 5% en el rescate al seguro social (Tribu- tación regresiva e insolidaria). Es la peor de las medidas. Se imponía lo siguiente: “Los pensionados por vejez, invalidez e incapacidad aportarán mensualmente el 5% de la cuantía de sus pensiones para la rama de enfermedad y maternidad”. Se restaban derechos: “(…) cuando requiera que lo asista otra persona de manera permanente, se le otorgará una ayuda equivalente al 20% de la pensión base…”. Lo primero es un impuesto usurero institucionalizado. Lo segundo es una clara regresividad en materia de derechos humanos.

Cuarto: Conversión mercantil de los ministros de cualquier culto en trabajadores, como una vocación expansiva negada que arrebata un 7.6%. Esto es una curiosidad que ni yo mismo sabía que en la práctica en Nicaragua existía, el hecho de que los ministros de cualquier culto religioso puedan cotizar al Seguro Social. La Ley original contempla cuotas mínimas en el artículo 27: “Para los ministros de cualquier culto que guarden el celibato pagarán cuotas reducidas del 10% y 4% respectivamente (aporte solidario / IVM)”. En cambio, la Ley reformada se pasaba de cuotas mínimas a cuotas máximas: “Para los ministros de cualquier culto las cotizaciones al seguro facultativo serán del 17.60% para el régimen facultativo integral y de 11.60% para el régimen facultativo IVM”. No es menor mi ignorancia teórica en este punto, pero no me quedo sin comentar: Los ministros pierden la categoría original de sujetos protegidos por la Ley, con un escandaloso crecimiento de 7.6% de la cuota; una Ley con vocación originalmente expansiva ahora los trataría como si fueran trabajadores.

Quinto: Incalculables ingresos para la burocracia pública y las ganancias privadas. El artículo 16 de la reforma eliminaba el límite máximo o techo salarial objeto de cotización. Otra confusión más de la seguridad social como si fuera el sistema tributario. Vale aclarar que los montos cotizados deben de ser proporcionales a una pensión futura suficiente; y una acumulación mayor se desviaría para otros fines: despilfarro, negocio o impuesto.

En conclusión, la receta sandinista - fondomonetarista No. 03-2018 era una estafa económica vendida como política de solidaridad. Las cotizaciones se convirtieron en impuestos: 0.75% a los trabajadores, 3% a los empresarios, 7.6% a los ministros y 8.12% a los pensionados. Esta Ley empeoraba las distintas vidas entrecruzadas de los nicaragüenses. Por ello, en vez de promediar la afectación (4.87%), estimo conveniente resaltar la sumatoria acumulada (19.47%). Le metieron al pueblo la mano en los bolsillos. Esto es repetido en América Latina (no hay país que se salve), pero que venga de un régimen que se autodenomina cristiano, solidario y socialista es el colmo. Sandino, símbolo de Nicaragua: estos lo están matando (están matando a los jóvenes). ¿Por qué los trabajadores, los empresarios, los ministros y los pensionados están escondidos detrás de los jóvenes universitarios? Casi 20% es el impuesto cruzado, que, aunque no se llevó a cabo, develó la intencionalidad estatal – mercantilista, paradójica y antipopular, recetando políticas de choque neoliberal que desangran al pueblo. ¿Salidas? Despopularización, desneoliberalización, desmonetización, democratización, destributación, desmercantilización: deseconomía empobrecedora o vida libre. La salida económica como única solamente agranda el problema. La democratización es lo fundamental

La desmitificación del gobierno (sandinista), donde se ha hecho evidente su rara simbiosis populista y neoliberal, detonó un descontento ciudadano generalizado”