UNAH anuncia reintegro de 30 estudiantes
ploceso La defensa legal de los estudiantes anunció una demanda contra la UNAH para resarcir daños
El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Áyax Irías, confirmó ayer que la alma máter acatará el fallo del Sala Constitucional que ordena el reintegro de 30 estudiantes que habían sido expulsados por participar en protestas que terminaron en actos vandálicos.
Irías detalló que “somos respetuosos de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando seamos notificados de la resolución se procederá a abrir las matrículas para los jóvenes”.
los hechos
Fue la Sala de lo Constitucional de la CSJ la que ordenó el reintegro de 30 estudiantes de la UNAH. Los alumnos habían sido expulsados de la institución por la toma del edificio administrativo en mayo de 2017.
Recientemente, los magistrados constitucionales dejaron sin valor y efecto el Reglamento de Estudiantes.
“El reglamento aplicado a los estudiantes es inconstitucional, por lo tanto ordena a la UNAH que los reintegre de inmediato”, dijo la abogada Kenia Oliva.
“Ellos no podían matricularse, pero además la UNAH cerró su matrícula pese a que no estaba firme la resolución. La Corte nos dio la razón en los tres recursos de amparo, todos los estudiantes que han sido expulsados por la exrectora Julieta Castellanos, la Corte nos ha dicho que se hizo en total violación a derechos constitucionales”, manifestó.
Asimismo, anunció que presentarán un plan de reparación para los estudiantes afectados, con la finalidad de que la UNAH proceda a resarcir los daños, de lo contrario procederían a interponer una demanda administrativa en contra de la universidad.
Uno de los favorecidos es el estudiante Marcio Silva, quien se mantenía bajo asilo en Costa Rica. Sobre él recaen dos procesos penales por actos de protesta en el interior de la UNAH. El estudiante será presentado en los próximos días ante los Juzgados. A Silva lo ampara una reforma al Código Procesal Penal que le otorga facultades al juez de dictarles medidas distintas a la prisión a una persona que es juzgada en dos procesos penales