Países abren el Caribe para cazar a narcos Desde 1995 se inició el trabajo
Mediante un convenio de supresión del narcotráfico, los límites ya no existirán en alta mar y el aire
La cacería de narcos está por comenzar en el Caribe... Los radares de Honduras detectan que una embarcación procedente desde Sudamérica navega de forma sospechosa por el espejo azul del inmenso Atlántico nacional.
De inmediato, las unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) comienzan a definir las coordenadas para determinar a cuántas millas náuticas se encuentra.
El barco que se supone transporta droga ya logró pasar sin problema las fronteras de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, solo falta saltar por el puente de Honduras y Guatemala para llegar a México y entrar al gran mercado de Estados Unidos.
Utilizando el equipo adquirido por Honduras, comienza la persecución, identificando la embarcación a pocas millas para salir de la jurisdicción nacional y entrar a aguas de Guatemala.
“Detenga la navegación”, ordenan los oficiales desde la corbeta General Francisco Morazán, pero el capitán de la embarcación sospechosa, que tiene bandera colombiana, acelera la marcha. La distancia se acorta en el mar hondureño y para poder detener el barco no queda otra opción que cruzar la frontera.
Las comunicaciones con los equipos navales especiales antidrogas de Guatemala se hacen al instante.
Los navales hondureños piden permiso para entrar a aguas extranjeras, el permiso es concedido y la embarcación se logra interceptar gracias a que no se perdió de vista, al no haber límites fronterizos para operar. Esta es una narración
de las facultades que tendrán ahora los países que forman parte del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe.
Este acuerdo multilateral tiene como finalidad abrir
las fronteras del Caribe en el combate al narcotráfico, respetando la soberanía de cada Estado parte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a EL HERALDO que el convenio nació en noviembre de 1995, ante la creciente amenaza que representaba el tráfico de estupefacientes para Europa y en América. Owen Arthur, primer ministro de la isla de Barbados, instó a Reino Unido a aumentar su ayuda a los Estados del Caribe para el combate al tráfico de drogas.
Fue así que Reino Unido y otros país de Europa ordenaron hacer dos estudios sobre el problema y se llegó a conformar el convenio.
El acuerdo ejecutivo No. 29-DGTC fue firmado el 5 de diciembre del 2011 por las autoridades hondureñas y lo enviaron al Congreso Nacional para su ratificación.
No obstante, el documento de todos los Estados participantes fue firmado en San José, Costa Rica, el 10 de abril de 2003, en los idiomas inglés, francés y español. Los países son: Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, los Países Bajos de Europa y República Dominicana.
El convenio fue discutido y aprobado por el actual Congreso Nacional en febrero pasado y publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de mayo anterior.
Estrategia
La estrategia definida en el convenio es en base al derecho para lograr el convenio, debido a la fuerte actividad del narcotráfico.
internacional del mar, respetando la libertad de navegación y sobrevuelo.
El acuerdo también respeta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, incluyendo otros compromisos internacionales sobre seguridad marítima y área.
El decreto cuenta con dos artículos, pero el convenio lo componen 42 artículos que definen la estructura de quiénes participarán en las operaciones; asimismo, la identificación de la autoridad, el respeto a la soberanía de cada Estado y la forma de operar.
En su artículo 1 define que los funcionarios policiales, embarcaciones y aeronaves que harán las interdicciones deben estar debidamente identificados con los uniformes e insignias de cada país. Los objetivos del convenio están definidos en su segundo artículo y establecen que “las partes cooperarán, de la forma más extensa posible, en la lucha contra el tráfico ilícito por vía marítima y aérea en y sobre las aguas del área del Caribe, de acuerdo con los recursos policiales disponibles que tengan”.
La principal misión es “ase-
gurar que las embarcaciones y aeronaves sospechosas sean detectadas, identificadas y vigiladas continuamente”.
Al detener e interceptar la embarcación y encontrar pruebas de implicación en tráfico ilícito será retenida junto a la tripulación.
Luego serán las autoridades policiales y judiciales competentes las que se ocupen de aplicar la ley, según corresponda. En el artículo cuarto, del extenso convenio está plasmada la “facilitación de la cooperación” para abrir las fronteras. “Se insta a cada una de las partes a agilizar las autorizaciones para que las embarcaciones y aeronaves policiales que apoyen las operaciones policiales y los funcionarios policiales de las otras partes, entren en sus aguas, espacio aéreo, puertos y aeropuertos, para cumplir los objetivos del presente convenio”, establece el documento. Los países harán coordinaciones efectivas y promoverán el intercambio de efectivos policiales y expertos para el desarrollo de las operaciones, que en el caso de Honduras son las fuerzas Aérea y Naval. Los agentes deberán estar entrenados para ejecutar operaciones combinadas y el abordaje, registro y detención
de embarcaciones o interdicción de las aeronaves.
Cada nación facilitará la coordinación efectiva entre sus autoridades de aviación civil y policiales para permitir una rápida verificación de las inscripciones en el registro de las aeronaves y de los planes de vuelo.
La verificación de la nacionalidad de una aeronave o embarcación debe ser lo más inmediata posible o no exceder de cuatro horas. Cuando agentes policiales se encuentren dentro de las aguas o del territorio de otra parte, o bien, a bordo de una embarcación o aeronave policial de otro país, respetarán las leyes, las costumbres y las tradiciones navales y aéreas de la jurisdicción donde estén.
Mediante este convenio los países con fronteras en el Caribe facultan a sus operadores policiales y militares que luchan en contra de las drogas ilícitas a poder ir más allá de los límites, previo autorización de la nación a la que entrarán