Un fallo contra la impunidad en caso de periodista
Ante las irregularidades en el proceso de investigación, la SIP impulsó el caso de Carvajal
La reciente condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) contra Colombia por el asesinato del periodista Nelson Carvajal es una alerta para aquellos Estados del hemisferio que ven con indiferencia las amenazas y violaciones a la libertad de expresión.
En los años 80 y 90, Colombia fue un territorio mortífero para los periodistas; violencia que con los años se trasladó a Honduras y México. De acuerdo con datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) entre el 2000 y el 2018, Honduras registra 75 crímenes contra personas vinculadas a los medios de comunicación, el 92 por ciento en la impunidad.
La mencionada sentencia judicial de la CorteIDH es un mensaje muy claro de que ante la falta de justicia interna, la justicia internacional tarde o temprano puede alcanzar a los países cuyas autoridades olvidan rápidamente los hechos criminales contra miembros de la prensa, sean estos periodistas, comunicadores sociales, reporteros gráficos, camarógrafos, locutores o dueños de medios de comunicación.
Carvajal fue asesinado el
De 75 crímenes contra periodistas
registrados en Honduras de 2000 a 2018, solo seis han sido resueltos.
16 de abril de 1998 en Pitalito, municipio de Huila. Él era reconocido por investigar y denunciar actos de corrupción en la administración pública y lavado de dinero en el que incurrían personas influyentes de Pitalito.
Las graves irregularidades en el proceso de investigación de su asesinato, así como las amenazas sufridas por los familiares, llevó a que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) investigara el caso y que en el 2002 lo presentara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión Interamericana lo sometió a consideración de la CorteIDH en 2015. Este mismo año, la Robert F. Kennedy Human Rights se unió a la representación de las víctimas y fue fundamental su trabajo en el proceso que culminó con la audiencia pública el 22 y 23 de agosto de 2017 donde la CorteIDH concluyó que el Estado de Colombia falló en su deber de sancionar a los responsables del asesinato de Carvajal, de garantizar su derecho a la libertad de expresión y de proteger a sus familiares, quienes sufrieron amenazas y hostigamientos durante 20 años de incesante búsqueda de verdad y justicia.
Como consecuencia de su responsabilidad internacional, la Corte le ordenó al Estado colombiano adoptar una serie de medidas de reparación, incluyendo medidas de no repetición de hechos similares.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP, expresó que “esta sentencia es un hito histórico para la lucha en contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en las Américas. Se hace justicia por Nelson y sus familiares, los que debieron soportar el sufrimiento y la angustia por un duelo que se prolongó hasta en el exilio forzado de muchos de ellos”