282 millones de la SAG financiaron a políticos
Requerimiento fiscal de la Haccih-Ufecic contra 38 personas, entre diputados, regidores, exfuncionarios y particulares que usaron dos fundaciones (Todos Somos Honduras y Fundación Dibattista) para lavar dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería p
Las campañas políticas de tres partidos en las elecciones generales del 2013 posiblemente fueron financiadas con recursos drenados del mismo Estado.
El Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP) presentaron ayer su cuarto caso de investigación denominado Pandora.
Los supuestos involucrados en sacar 282,016,175 lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) son miembros de los partidos Nacional, Liberal y del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER). Según la Maccih-Ufecic, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2013.
En total son 38 personas, entre diputados, funcionarios públicos y gente particular a las que se les supone responsables de cinco delitos.
La acusación es por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
Los requerimientos fiscales y documentación contra los 38 imputados en el caso ya se encuentran en la Secretaría del Poder Judicial, cuya información se mantendrá bajo reserva a petición de la Ufecic.
En las investigaciones además participó personal de Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
Según fuentes del MP, son importantes figuras de la vida política los que cometieron los delitos, pero hasta ayer, las autoridades no habían oficializado los nombres.
En el Poder Judicial el personal estaba trabajando en el registro de todos los documentos que iban al interior de siete cajas selladas y llevadas por el fiscal Luis Javier Santos, quien funge
como jefe de la Ufecic.
De manera escueta, el funcionario informó que “se ha presentado la acción contra 38 personas, luego hay que esperar que nombren al juez natural para que siga el proceso normal; esperamos que resuelvan”.
Cuando el reloj marcaba las 11:44 de la mañana y previo a una conferencia convocada por los fiscales de la Maccih, Santos llegó junto a otras personas que llevaban las cajas que fueron entregadas en la oficina de la Secretaría de este poder del Estado.
De todas, solo una contenía la documentación ori-
ginal, mientras que en las demás iban las copias de la información de soporte, constató EL HERALDO.
“Una vez que se haya registrado toda la documentación por parte de Secretaría se debe pasar el informe y la notificación correspondiente a la Presidencia del Poder Judicial a fin de que convoque lo antes posible a un pleno de magistrados, donde se designe a un juez natural y la Corte de Apelaciones que estaría conociendo lo de este expediente”, detalló el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
Los hechos
En conferencia de prensa, la Maccih detalló que funcionarios de la SAG en confabulación con la Secretaría de Finanzas (Sefin) sacaron los más de 282 millones de lempiras de forma atípica por medio de dos fundaciones llamadas Dibattista y Todos Somos Honduras.
Según el informe proporcionado por la Maccih, los hechos fueron denunciados por Pietro Dibattista, un inversionista italiano y cónsul honorario de Italia en Roatán, Islas de la Bahía. Dibattista denunció que el nombre de su fundación fue utilizado para cometer el ilícito. Estas eran operaciones atípicas y no autorizadas de la Fundación Dibattista.
Asimismo, existe una Auditoría Especial, realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y que fue publicada el 2 de diciembre de 2015 denunciando las irregularidades.
Antes estos antecedentes, la Maccih propuso al MP remitir el caso a la Ufecic, encontrando indicios suficientes de malversación de caudales públicos.
Los 282 millones que provenían de la SAG y Sefin, supuestamente, serían destinados en proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortalizas a favor de madres jóvenes y para fortalecer las políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón.
Del mismo modo, según las falsas justificaciones, el dinero sería empleado para mejorar la capacidad de siembra de granos básicos en comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco en Yoro.
También se apoyaría a la escuela de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Pero la ayuda nunca llegó a los necesitados hondureños, los recursos se repartieron como un dulce pastel en cuentas particulares de los partidos Nacional, Liberal y el FAPER.
El informe de la Maccih revela que el partido de gobierno utilizó parte de los recursos para financiar el propagandístico proyecto de la “tarjeta cachureca”, que la entregaban a sus partidarios con la promesa de recibir descuentos en las compras y otros beneficios.
Además se entregaron fondos a coordinadores de campaña nacionalistas y otros recursos que se habrían utilizado el 24 de noviembre, día de la contienda.
Las investigaciones reflejan compras de lujosas oficinas en el edificio Metrópolis y se hicieron pagos de pres-
tamos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) valorados en 99,030,000 lempiras.
Saqueo
La SAG firmó con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, entre los años 2011 y 2013, siete convenios de cooperación, un adéndum y un desembolso duplicado.
En 2011 cada una de las dos organizaciones recibió 15,000,000, luego en el 2012 se hizo un desembolso de 40,000,000 a Todos Somos Honduras.
Los mayores desembolsos de recursos se hicieron en el año 2013, año político, entregándose 202,016,175 lempiras, que según la Maccih todos los recursos suman 282,016,175 lempiras.
Ana María Calderón Boy, vocera interina de la Maccih, junto a su equipo de trabajo en conferencia de prensa, dijo que no iba a detallar los nombres de los 38 implicados porque el caso está en proceso.
Detalló que las dos fundaciones suscribieron convenios para desarrollar proyecto ganaderos y agrícolas en diferentes comunidades, pero en vez de realizarlos comenzaron a hacer depósitos de dinero y girar cheques a diversas personas.
“Nosotros detectamos varias modalidades”, afirmó
Calderón Boy, citando como ejemplo que en noviembre del año 2013 se emitió un cheque depositado en la cuenta personal de uno de los imputados.
El imputado días después, exactamente, el 19 de noviembre, ese mismo dinero lo depositó a nombre del comité de campaña del Partido Nacional.
Esta modalidad significa que los implicados buscaban ocultar el origen de este dinero, que era proveniente de fondos públicos.
También hubo entrega directa de efectivo y pagos de préstamos al CCEPL.
“Por eso es que el Equipo Integrado decidió ponerle al caso Pandora, porque cuando se comenzó a abrir las investigaciones se descubrió el verdadero destino de este dinero, que no es poco, son más de 282 millones de lempiras, estamos hablando casi de 12 millones de dólares”, aseguro la fiscal internacional.
Afirmó que los requerimientos fiscales entregados a la CSJ tienen indicios razonables de la comisión de delitos y la Maccih trabajó arduamente para los documentos que se encontraban desperdigados pudieran significar un indicio más que razonable.
El trabajo está sustentado en los diversos informes financieros, en la diversa documentación y en las declaraciones que se recibieron a lo largo de los diferentes meses, advirtió.
Aseguró que los fondos fueron destinados para financiar campañas políticas en general de diputados, alcaldes y a nivel presidencial.
Los partidos señalados emitieron ayer comunicados en su defensa.
Elvin Santos hijo, dirigente y diputado del Partido Liberal, justificó que este ente político sacó un préstamo en un banco, y este lo pagó el Partido Nacional, como parte de las aportaciones que dieron los liberales que laboraron en el gobierno