Auditoría del TSC fue base para abrir caso Pandora
En el listado de 38 personas aparecen Rodolfo Irías Navas, Celín Discua, Elvin Ernesto Santos y su padre, Elvin Santos, y Jacobo Regalado Weizemblut, entre otros. Corte Suprema de Justicia da por recibido el caso Pandora. Informe del Tribunal Superior de
Las investigaciones del caso Pandora, donde 38 funcionarios, diputados y personas particulares supuestamente desviaron más de 282 millones de lempiras para financiar campañas políticas, ya habían sido adelantadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El órgano contralor lo advirtió en una investigación especial realizada en el año 2015 a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con base en la denuncia No. 0801-14-117, donde se aseveraba que había desvíos de fondos públicos por medio de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Ambas fundaciones fueron manejadas desde el 2010 al 2013 por los abogados Fernando José Suárez Ramírez y Jorge Alberto Izaguirre Zamora.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), apoyada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), emitió los requerimientos fiscales el miércoles anterior.
Según los informes de los agentes y fiscales de estas unidades de investigación, a los que tuvo acceso EL HERALDO, el bufete estaba ubicado en la torre uno, octavo piso del edificio Metrópolis.
La Fundación Dibattista cuenta con la personería jurídica número 1230-2006 en fecha 14 de diciembre del 2006, mientras que Todos Somos Honduras obtuvo su personería jurídica número 1504-2010 el 16 de septiembre de 2010.
De acuerdo con datos de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), el 30 de marzo de 2012 estas dos fundaciones eligieron como presidente de su junta directiva a Jaime Antonio Suárez, quien actualmente es el único directivo con requerimiento fiscal.
El historial muestra que estas dos organizaciones civiles suscribieron convenios y adendum con la SAG, recibiendo millonarias cantidades de dinero para proyectos de agricultura en
varios departamentos del país, que supuestamente nunca se ejecutaron.
Entre junio de 2011 y junio de 2013 se emitieron cheques por un valor de 62,215,447 lempiras a nombre de personas y al portador sin justificación de la cuenta 11-434000-121-12.
Asimismo, de febrero de 2012 a agosto de 2013 se registraron traslados de fondos de la cuenta de cheques de la Fundación Dibattista.
Además, llegaron fondos a la cuenta de ahorros 214340103968 de la fundación Todos Somos Honduras por un valor de 104,092,948.80 lempiras.
Esto es una ligera descripción de cómo se movía el dinero que, según los convenios entre las fundaciones y la SAG, debían ser para fortalecer el sector agrícola, pero de acuerdo a los requerimientos fiscales de la Ufecic fueron desviados para las arcas de los partidos Nacional, Liberal y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER).
Autorizados
La investigación del TSC cubrió el período de 2010 al 2014, por lo cual los auditores comenzaron a indagar si la SAG autorizó la transferencia de fondos para ambas fundaciones, si estos fueron debidamente liquidados y si existía un perjuicio económico en contra del Estado.
Para ese fin entrevistaron a la señora Allisson Yiusith Montoya Zambrano, jefa de Presupuesto de la SAG, quien proporcionó los informes de los presupuestos ejecutados entre los años 2010 al 2015.
De la revisión efectuada a la documentación, se determinó que hubo transferencias a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras durante los años 2011 al 2013.
En ese tiempo, según el ente contralor, se desempeñaba como titular de la SAG Jacobo José Regalado Weizemblut, quien firmaba los convenios.
Aprobadas
Pero ¿quién aprobaba los recursos?. Según Francisca Geraldina Raudales Padilla, subgerente de Presupuesto de la SAG en aquel entonces, las transferencias realizadas a ambas fundaciones se hicieron mediante decretos ejecutivos y otras ya se encontraban incluidas en el presupuesto anual de la SAG.
En ese sentido, los desembolsos se pagaban en la Secretaría de Finanzas (Sefin).
En los convenios suscritos entre la SAG y las fundaciones no se establecía la obligación de liquidar las transferencias con la debida documentación, solo presentaban un informe de las actividades realizadas, que no eran supervisadas.
La jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la SAG, Lilia Contreras, mediante nota No. 221-2015-UAI-SAG del 4 de noviembre de 2015, justificó que esa unidad no tuvo ninguna participación en el proceso de las transferencias realizadas, en virtud de que la Ley del TSC les prohíbe realizar procesos administrativos, solamente auditorías a posteriori, situación condenada por el ente contralor.
Los convenios establecían una cláusula relacionada con la distribución del presupuesto en la cual se detallaba una serie de gastos, como: viáticos a participantes y capacitadores, alquiler de local, renta de oficina, mantenimiento y operación del vehículo, entre otros; pero nunca se presentó
documentación que respaldara estas operaciones.
Por su parte, el señor Pietro Dibattista, quien en un principio tuvo la idea de crear de la Fundación Dibattista y que en ese momento se nominaba como presidente de la misma, contrató los servicios profesionales de Suárez Ramírez para que lo representara en el trámite de la solicitud de personería jurídica.
En su declaración jurada confirmó que le pidió al abogado Suárez Ramírez, que le ayudara con la creación de la fundación, pero luego perdió relación con él.
“Nunca se me informó de la creación de la fundación, no le di seguimiento. No estaba al tanto que la fundación ya había sido creada ni de ninguna operación que se haya hecho”, afirmó el empresario italiano.
El informe del TSC fue transferido al MP, donde permaneció archivado, hasta que el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, Maccih-Ufecic, decidió trabajarlo.
Fuentes del MP confirmaron que la lista de los 38 implicados que circularon desde el miércoles por la noche en redes sociales y medios de comunicación es la oficial.
Aquí se menciona a exministros, actuales diputados al Congreso Nacional, reconocidos dirigentes políticos, abogados y personas particulares.
Algunos ayer salieron en su defensa, asegurando que solo recibieron el dinero que les enviaron de las cuentas oficiales de sus partidos políticos para las actividades del 24 de noviembre de 2013, día de las elecciones generales, pero desconocían el origen de los fondos