Invitado Honduras expande su mercado forestal hacia la Unión Europea
un mercado de más de 510 millones de personas que consumen productos de madera. Al ser uno de los compradores más importantes de bienes derivados de la madera, la UE ha establecido una estrategia para luchar contra la tala ilegal a través del Plan de Acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés), que en Honduras se ejecuta a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El objetivo último de este plan es que un comprador de cualquiera de los países miembros de la UE pueda comprar sus productos de madera con la seguridad de que es madera de origen legal.
La forma más directa de cumplir con este requisito es que los países productores de madera establezcan un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con la UE, facilitando el acceso de madera legal a los 28 países de la UE.
En Latinoamérica, Honduras es el primer país en concretar un AVA. En apenas cinco años, a la cabeza del Instituto de Conservación Forestal (ICF), se logró incluir al proceso a instancias nacionales y sectoriales del sector público, privado, de la sociedad civil y a los pueblos indígenas.
Honduras avanzó rápidamente para contar con un Sistema de Aseguramiento de la Legalidad (SAL). Paralelamente, el país se ha comprometido con una nueva Ley de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y con la revisión de los artículos de la Ley Forestal.
El proceso para lograr un AVA ha ayudado al país a consolidar acciones para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal (Encti), que busca la consolidación de la legalidad forestal a nivel de mercados domésticos de madera legal.
Honduras es un referente para Latinoamérica en la construcción de gobernanza forestal y legalidad, que ahora se expresan en el AVA y la Encti, los cuales impulsan negocios forestales responsables, integran el desarrollo de economías rurales inclusivas que permiten valorar, manejar y conservar los bosques para esta y las futuras generaciones urante décadas se creía que esto podría suceder algún día, pero también que era quimera. La realidad rebatía la esperanza, fortunas se acrecían en el gobierno. Pocos han evidenciado su “viveza” en la apropiación de lo ajeno y se enorgullecían de ella, para burlonamente restregar su menosprecio y marginación a los muchos, quienes, como de tontos han sido tachados, se negaran a tomar lo que no les pertenece, a señalar lo incorrecto y a entender el servicio público como un verdadero apostolado.
El Estado se ha entendido como el patrimonio accesorio con el poder que se alcanza. El atentado a los bienes públicos no es solo asunto de los señalados como corruptos, varios de sus acusadores mediáticos no consideran corrupción el uso que han hecho de otros recursos tenidos a su resguardo, por sus hijos o por ellos mismos. Eso también es corrupción. ¿Empezará ahora a entenderse?
Las mayorías rechazamos la corrupción, pero pocos pueden señalarlo con efectividad. Si se es mujer, el machismo, de hombres y mujeres, se hincha, pretende descalificar para dificultar la labor. La determinación de una mujer supera cualquier escaramuza. Ahí están Doris Gutiérrez, Gabriela Castellanos y Ana María Calderón para demostrarlo. ¿Será por su condición de mujer valiente y capacitada que se le esquilma el título de vocera de la Maccih? ¿Por qué la sociedad civil no lo exige? Si la impunidad se acaba, todo va a cambiar en Honduras. Tanto abuso por fin castigado evitará muchos otros y habrá oportunidades de superación para los marginados. Nada compensa la angustia, menos la privación del bien jurídico más importante después de la vida: la libertad. Sin duda que el mejor negocio es la honradez, sin que importe el sufrimiento que pudiera derivarse. A los señalados debe aplicárseles el debido proceso, que sea la verdad la que prevalezca y que sea la ley, no la opinión pública, la que los juzgue. Ya no más arbitrariedades en ningún poder del Estado. Seamos un real Estado de derecho
Honduras es un referente para Latinoamérica en la construcción de gobernanza forestal y legalidad”.