Que no desmaye la lucha contra la corrupción
En audiencia inicial la jueza Lidia Álvarez de Sagastume, de la Sala II del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, resolvió dictar auto de formal procesamiento al exministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos en la causa que se le sigue por su supuesta participación en el desvío de más de 282 millones de lempiras que eran para programas de apoyo al sector agrícola, pero que terminaron en manos de personas naturales y jurídicas.
La jueza, haciendo uso de las calificaciones que le permite el derecho, y tras el análisis de los 12,000 folios que contenían los medios de prueba y los indicios racionales de la participación de los imputados por la fiscalía del Ministerio Público, también resolvió cambiar el delito de lavado de activos por el de encubrimiento o receptación con lo que se favoreció a otros 25 involucrados en el caso Pandora, entre ellos los diputados nacionalistas Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas, y el liberal Elvin Ernesto Santos.
El juicio continuará hoy con la interposición de los recursos de apelación que permite la ley a la Fiscalía del Ministerio Público, esperando que la Corte de Apelaciones haga los correctivos necesarios en la valoración de pruebas y que en este proceso prevalezca el principio de celeridad procesal y no pase a dormir el sueño de los justos en las gavetas del poder Judicial.
La decisión de la jueza sorprendió a gran parte de la ciudadanía y de las instituciones de la organización civil que luchan por erradicar la corrupción estatal en el país y por el castigo de los responsables.
Sin embargo, lo sucedido no debe desanimarlos a continuar en la lucha contra el flagelo que más daño ha hecho históricamente al país, más bien debe servir de inspiración para mantenerse alerta y vigilante ante el actual del Poder Judicial, y demandar de él imparcialidad, independencia y objetividad que reclama la sociedad en la aplicación de la justicia, y que el principio de igualdad ante la ley no sea más una utopía