Impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras
Esta afirmación incluida en el documento “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras” es absolutamente válida. Los hechos la respaldan. Veamos.
Desde la Conquista a la actualidad, una constante y una tendencia son visibles tanto en nuestro pretérito como presente: la muerte, despojo, miseria, deportaciones masivas, explotación -abierta o disfrazada-, racismo hacia indígenas, negros, mestizos, los sectores social y económicamente vulnerables. Y ese proceso es acompañado por justificaciones ideológicas que buscan racionalizar ese proceso de sometimiento a las élites foráneas y nacionales. Desde el requerimiento hispano hasta la falacia del efecto derrame neoliberal. El resultado: mayor concentración de la riqueza y el poder acaparados por minorías que, amparados en la fuerza física y económica, incrementan mayores cuotas de desigualdad y conflictividad social a expensas de los de abajo.
Los recursos naturales como tierras, bosques, aguas y minerales de propiedad comunitaria, transferidos a manos privadas. Se privatizan los servicios públicos, so pretexto de mayor eficiencia y racionalidad, con el objetivo de hacer quebrar las empresas estatales, creadas con el pago de nuestros impuestos. El sistema impositivo, de carácter recesivo, a muchos les incrementa las tasas, a pocos les otorga dispensas y exenciones, bajo políticas concesionarias que atentan contra los últimos vestigios de soberanía patria.
Esclavitud, encomienda, repartimiento y tributo constituyeron modalidades de acumulación de riqueza para los conquistadores y sus descendientes. En el siglo XIX, ya emancipados de España, el nombramiento de curadores por parte de los gobiernos, supuestamente para proteger a las “tribus selváticas”, significó nuevas exigencias laborales para las poblaciones tolupanes.
En el XX, los lencas seguidores del caudillo Gregorio Ferrera sufrieron la quema de sus cosechas y viviendas con el propósito de suprimir su milijefe tancia en los ejércitos ferreristas. Vicente Tosta, presidente provisional (1924-1925), ordenó la represión. Fusilamientos masivos sufrieron los garífunas de San Juan, en represalia por su colaboración con los intentos de Justo Umaña por invadir a Honduras y emprender la resistencia armada en contra de la dictadura cariísta, la que provocó el baño de sangre en San Pedro Sula (1944), que masacró a civiles indefensos.
El régimen de Villeda Morales ordenó la ejecución sumaria de conspiradores civiles ya rendidos en Los Laureles.
El golpe de Estado de 1963, que derrocó su gobierno, masacró a guardias civiles que habían depuesto las armas, por órdenes del general Lopez Arellano.
Bajo la presidencia de Suazo Córdova (1982-1986), el de las Fuerzas Armadas, Álvarez Martínez, con el beneplácito de hondureños y extranjeros, ordenó torturar, ejecutar y desaparecer a más de un centenar de personas, justificándose en la lucha contra la subversión.
Masacres contra reos en El Porvenir, Comayagua, San Pedro Sula, en aplicación de la “cero tolerancia”, quemando vivos a centenares de reclusos. La supresión violenta de las protestas poselectorales (2017) provocó la muerte de “por lo menos 22 personas”, de acuerdo con la CIDH, a manos de fuerzas policiales y militares.
El asesinato de mujeres, incluyendo a la ecologista Berta Cáceres, es un hecho cotidiano, al punto que nuestra sensibilidad está anestesiada. Todo ello en esta Honduras “de fusil y caza”
Desde la Conquista a la actualidad, una constante y una tendencia son visibles tanto en nuestro pretérito como presente: la muerte, despojo, miseria...”.