PN y PL tendrán que pagar alquiler a la OABI para ocupar sus sedes
Ambos partidos tienen 15 dias para acercarse a la OABly definir el contrato de alquiler tras el aseguramiento de sus instalaciones por una orden judicial, PN y PL anuncian acciones judiciales para recuperar inmuebles.
Aseguran finca de tilapia del exministro de la RAG
Al PL le aseguran edificio en el centro y uno de la Kennedy
A implicada en escándalo le aseguran un edificio de apartamentos
Los aseguramientos de bienes en contra de instituciones políticas continuaron ayer en la capital de la República.
Los agentes de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y de la Agencia Técnica de investigación Criminal (ATIC) aseguraron las instalaciones del Consejo Local del Partido Liberal de la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
El edificio fue adquirido en octubre de 1996 y está matriculado en el Instituto de la Propiedad bajo el número 932873.
La misma suerte corrió un edificio propiedad de los liberales, conocido como
La Cumbre, situado en el barrio El Centro, bajo matrícula en el IP 1212876.
Asimismo, se procedió al aseguramiento de tres bienes ubicados en la residencial Roble Oeste, que de acuerdo a la investigaciones fueron construidas con dineros de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
En este caso se trata de dos viviendas y un edificio de apartamentos, propiedad de Dalia Esmeralda Palma Sánchez, supervisora del Fondo Departamental en el Congreso Nacional, y
José Miguel Velásquez Sánchez, de acuerdo a lo que establece la orden de aseguramiento.
Sobre este particular, Luis Javier Santos, jefe de la Ufecic, mencionó que “el equipo de la ATIC y la Ufecic andan dándole cumplimiento a una orden de la jueza de Privación de Dominio como lo es asegurar tres bienes”.
Igualmente, afirmó que “lo que nosotros andamos persiguiendo es que en estos inmuebles, independientemente de quien esté habitando, hay dinero de las fundaciones en la construcción de los mismos”.
En horas de la tarde, los fiscales tomaron posesión de dos lujosas oficinas ubicadas en el edificio Torre Metrópolis.
Estas oficinas presuntamente son propiedad de la señora Vanessa Cruz.
Los aseguramientos se extendieron hasta los departamentos de Comayagua y Cortés.
En Comayagua, el equipo fiscal aseguró tres lotes de terreno ubicados en Villas Universitarias, propiedad de Alba Luz Ramírez.
Asimismo, cuatro propiedades del actual diputado Edgardo Martínez, situadas en la residencial El Manantial.
El parlamentario Martínez expresó estar dispuesto a aclarar de dónde provinieron los recursos con los que compró los bienes asegurados ayer por la Ufecic.
Mientras que en el departamento de Cortés, los fiscales tomaron posesión de la empresa Inversiones RF, propiedad del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, quien se encuentra bajo arresto preventivo por su supuesta implicación en el desvío de 282 millones de lempiras.
Los agentes de tribunales informaron que en la propiedad se encuentra cría de tilapia, que presuntamente fue comprado con dinero desviado de la SAG.
En esta propiedad hay seis piletas que son utilizadas para la crianza de tilapia, y en las cuales se realizó una reciente inversión de unos siete millones de lempiras.
EL HERALDO conoció que la propiedad asegurada al exfuncionario es una herencia de sus padres y que a él solo le pertenecen unas seis
hectáreas.
Los aseguramientos de bienes de implicados en el caso Pandora se extenderán en el transcurso de la semana por diversos lugares del país.
asegurrnieotos
El martes anterior, los fiscales aseguraron los edificios emblemáticos donde funcionan el Comité Central del Partido Nacional y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.
Esta determinación fue adoptada tras una orden de la jueza de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos, Claudia Medina.
La decisión judicial ha generado diversos cuestionamientos en la sociedad hondureña, principalmente en los seguidores de los dos partidos tradicionales.
De acuerdo a la Ley de Privación de Dominio, la medida de aseguramiento es la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o enajenar, o trasladar bienes, productos, instrumentos o ganancias, o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público.
Es decir que los dos institutos políticos pueden seguir funcionando perfectamente en sus sedes.
Y así quedó evidenciado ayer cuando las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal desarrollaron una conferencia de prensa en sus instalaciones.
Aunque los bienes ya están siendo administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Es esta dependencia estatal quien determinará en el plazo de 15 a 30 días qué futuro les dará a los bienes asegurados.
El abogado Marlon Duarte, defensor de varias personas imputadas en el caso Pandora, es del criterio que “en el caso de los partidos, ninguno de los imputados actuó en representación de las instituciones políticas y la medida cautelar no es compatible con el delito de encubrimiento, que es por el que están acusados”.
La figura del aseguramiento no es apelable ante el Juzgado de Privación de Dominio, sin embargo, la defensa de los dueños de las propiedades pueden interponer un recurso de reposición dentro de las 24 horas siguientes en que fueron notificados de la medida cautelar. Aunque si este recurso es denegado, la defensa puede interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal que decidirá enviarlo en consulta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para definir si es viable o no mantener la medida de aseguramiento.
Duarte afirmó que aún no han sido notificados del aseguramiento ordenado por el Juzgado de Privación.
“Las medidas de aseguramiento deben ser notificadas a las partes si se conoce quiénes son los dueños de ellos”, aseveró el profesional del derecho.
La intención de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad y la Ufecic, con el requerimiento de privación de dominio, es recuperar a favor del Estado de Honduras los recursos, los cuales fueron sustraídos de la SAG a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, por el orden de 282 millones de lempiras que originalmente estaban destinados a proyectos sociales y agropecuarios.
La medida de aseguramiento fue dictada contra 46 bienes inmuebles, seis vehículos, nueve sociedades mercantiles, dos certificados a plazo fijo, tres cuentas bancarias y el valor representado en un cheque, los cuales pasaron a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Los bienes serán administrados por la OABI hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio.
El proceso judicial conocido como Pandora incluye a 38 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y personas naturales y jurídicas, de las cuales 25 se defienden en libertad, cuatro guardan prisión preventiva, seis prófugos de la justicia y tres fueron sobreseidos definitivamente