Trata de personas
Nuestro país es sede de un taller regional relativo a buenas prácticas en la detección, investigación y juzgamiento de los delitos de tráfico de personas, tráfico ilícito de migrantes, atención y protección a las víctimas, con el propósito de sensibilizar a los impartidores y operadores de justicia, personal de Migración, Cancillería, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros, a fin de fortalecer el tratamiento en la judicialización y atención tanto de las personas afectadas como de las redes que promueven esta altamente rentable actividad ilícita.
Este cruel fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres (especialmente a estas), a niñas, adolescentes y adultas sometidas a virtual esclavitud, sea con el fin de sobreexplotación laboral, explotación sexual comercial, pornografía infantil y juvenil. Se utiliza el engaño, el secuestro, las amenazas y la violencia mediante la promesa de reunificación familiar y ofrecimiento de empleo adecuadamente remunerado o bien el aplicar represalias a familiares cercanos. Las víctimas son personas de bajos ingresos económicos y limitada o nula escolaridad, viviendo sobre todo en áreas rurales, con reducido acceso al sistema de justicia y en mayor situación de vulnerabilidad.
Una vez persuadidas de que les aguarda un ilusorio mejor nivel de vida, son trasladadas a otras regiones de Honduras o al exterior, particularmente a Guatemala y México, por organizaciones criminales que en ocasiones encuentran cómplices en instituciones estatales encargadas de la protección de la niñez y juventud.
Hacer frente a este complejo e inhumano problema compete no solo al Estado, igualmente a medios de comunicación, líderes comunitarios y religiosos, agentes de viaje y operadores turísticos, operadores de Internet, debiendo adoptarse medidas preventivas como programas de información y educación, impartiendo destrezas y habilidades; protectoras como creación de refugios que garanticen su integridad física, y rehabilitadoras como asistencia psicológica y de reinserción, en un abordaje integral que posibilite restaurar la dignidad y autoestima de los y las afectadas, facilitando oportunidades laborales y educativas de las que hasta ahora han carecido