Una demanda que urge atender
Uno de los problemas crónicos e inaceptables en el sector salud es la falta de pagos a la empresa encargada de dar el tratamiento médico a los pacientes renales. Todos los años son decenas de personas las que ven peligrar su vida cuando la empresa les suspende los tratamientos para presionar por el pago de las deudas que el gobierno tiene con ellos. Lo que sucede es indignante, ya que no se concibe cómo un Estado que sabe que tiene la responsabilidad de pagar los servicios a una empresa privada para la atención de estos pacientes no prevé partidas presupuestarias correspondientes y ordena que esos dineros sean intocables, pase lo que pase, pero también es inconsebible que la empresa ponga en peligro la vida de las personas al suspenderles de la manera más inhumana e irresponsable el tratamiento médico, para presionar por el pago de sus deudas.
Si bien se entiende que deben exigir el pago de sus deudas pues al fin y al cabo son una empresa mercantil, no un organismo de beneficiencia, deben buscar otros mecanismos de presión, sin poner en peligro la vida de los pacientes, que de paso, se ven obligados a aguantar los malos tratos, porque no tienen ninguna otra opción de atención médica.
El Presidente de la República y su ministro de Salud no deben ser observadores pasivos cuando este tipo de denuncias se presentan. Deben actuar de inmediato y exigir cuentas a los funcionarios respondables de que las partidas presupuestarias estén disponibles los 365 días del año para pagar los tratamientos que la gente más pobre del país demanda, y actuar en consecuencia. Ellos deben explicar porque han dejado que la deuda con esa compañía llegue ya a los 230 millones de lempiras, y si la explicación no es válida, pues despedirlo del cargo que ostenta, porque no se debe permitir que sigan jugando con la vida de los más necesitados. Y un paso que deben dar de inmediato es el anunciado por el diputado Mario Pérez: hacer una revisión del contrato que rige las relaciones de la empresa que ofrece los servicios con la Secretaría de Salud, investigar si los montos que se pagan están en consonancia con la calidad de los servicios que se prestan. Este problema debe ser resuelto de raíz