Transporte público: El debate pendiente
Cuenta un amigo que conoció a un consultor extranjero que tenía un método poco ortodoxo para “medir” la corrupción de los países que visitaba por primera vez.
“Siempre utilizo servicio de taxi y me fijo en el estado de las ruedas de los vehículos. Si están muy gastadas, en una condición que no debería permitirse su uso, sé que la supervisión falla o es inexistente. Esto no debería ser así, pues se trata de la seguridad de los usuarios de un servicio público y, por lo tanto, demanda la vigilancia estricta de una oficina estatal. Así que, a mayor descuido de la condición de las llantas, mayor probabilidad de negligencia y corrupción”.
La certidumbre de este examen puede ser cuestionable, sin embargo, cualquiera de nosotros puede hacer la prueba la próxima vez que utilice un servicio de transporte de alquiler y verificar si su seguridad como pasajero está libre de todo riesgo.
Y si el resultado todavía no es convincente -el ser humano tiende a ser incrédulo-, podemos extender el examen hacia el transporte público urbano, seleccionando “muestras varias” en distintas rutas.
La calidad del servicio de transporte público en un país también revela el valor que se da en él a los bienes públicos y a la satisfacción de necesidades básicas de una población: quienes han tenido la oportunidad de viajar a otras latitudes han podido experimentarlo cuando pueden desplazarse con tranquilidad a lo largo y ancho de grandes ciudades, o hacia otras localidades, haciendo uso de autobuses, taxis, tranvías, trolebús, teleféricos, trenes, ferris e incluso lanchas, por citar algunas modalidades.
Bien sea una empresa pública o un servicio concesionado a la iniciativa privada, la existencia de horarios bien definidos y tarifas preestablecidas, con empleo de medidores (como los taxímetros) y mapas con zonas, además de tiquetes para viajes individuales o tarjetas de abono para viajes múltiples, permiten tanto a locales como a visitantes ejercer el derecho a la libertad de movimiento sin mayores contratiempos que su decisión personal de cuándo y cómo hacerlo.
La existencia de transporte público no impide que cada uno pueda hacerse de su propio vehículo o medio de locomoción de su preferencia, conforme a su capacidad económica, pero ahí dónde el servicio público es masivo, más extendido y de mejor calidad, es menor el incentivo de poseer un automotor y mayor el deseo de aprovechar las ventajas de contar con movilidad accesible.
Recientemente y con ocasión de la huelga de transporte, mucho se habló de la supresión o reducción de impuestos al combustible, del aumento de costos (lubricantes, refacciones), de aumento de tarifas, de la revisión de rutas y subsidios para segmentos poblacionales, de riesgos adicionales de operación (como competencia desleal, extorsión e inseguridad) y hasta de “Uber”, pero poco o nada se habló de la eficiencia del servicio para los usuarios, las condiciones laborales y de seguridad social de sus operarios y la eficacia de la supervisión estatal.
El debate debe trascender a estos últimos temas, con huelga de por medio o sin ella. Es nuestro derecho y debemos exigirlo
Siempre utilizo servicio de taxi y me fijo en el estado de las ruedas de los vehículos. Si están muy gastadas, en una condición que no debería permitirse su uso, sé que la supervisión falla o es inexistente”.