Crecimiento económico y migración

Honduras enfrenta actualmente la que sería la más dura crisis migratoria de su historia. Sin entrar en el análisis de quienes son los promotores de las caravanas o las motivaciones de las mismas, lo que sí está quedando evidenciado es que miles de compatriotas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema están yendo en busca de mejores oportunidades de vida a Estados Unidos, sin importar los riesgos que ello conlleve y que las autoridades gubernamentales tienen entre sus principales retos buscar y asegurar las fuentes de empleo que la población demanda para hacer frente a sus necesidades. En este contexto, la última “Encuesta de expectativas macroeconómicos” que elabora mensualmente el Banco Central de Honduras ha proyectando para el cierre de este año un crecimiento económico de un 3.9%.

Tal proyección está en consonancia con las señaladas en el Programa Monetario y de otros organismos financieros internacionales, que califican de positivo el comportamiento macroeconómico de la actual administración. El crecimiento previsto es muy bueno en relación con las proyecciones del resto de las economías centroamericanas, sin embargo, sigue siendo bajo para enfrentar y comenzar a reducir la pobreza que abate a más del 60% de la población. En Honduras, según la Encuesta Permanente de Hogares del INE, la población económicamente activa es de 4.1 millones de personas, con una ocupación de 3.8 millones. Los asalariados suman 1.8 millones y los no asalariados dos millones. El desafío histórico es reducir el subempleo visible e invisible, el que suma 56% de la PEA. La desocupación abierta es del 6.7%, o sea 273,496 personas. Por eso, el reto de la actual administración de mantener, en medio de la crisis, las proyecciones de crecimiento, y más aún de luchar por atraer nuevas inversiones, es prioritario, porque solo un crecimiento económico sostenido, por encima de los índices que actualmente se registran, le permitirá al Estado enfrentar con éxito las más sentidas necesidades de su población, incluyendo políticas que aseguren un freno de los crecientes índices de violencia y delincuencia que abaten diariamente a la ciudadanía, la aplicación imparcial de la justicia y la lucha frontal contra la corrupción y los corruptos que por décadas han saqueado las arcas del Estado para su beneficio