Derramamiento de sangre en Tocoa

Dos efectivos de las Fuerzas Armadas perecieron y dos resultaron heridos por el desalojo de pobladores que impidieron el tráfico en la carretera que une Tocoa con Sabá como protesta por la explotación del mineral Victoria, localizado en la comunidad de Guapinol.

Este trágico hecho puede repetirse si no se adoptan medidas que concilien el crecimiento económico, la inversión y generación de empleo con la consulta, participación y veeduría comunitaria en la explotación de recursos naturales: hídricos, forestales, minerales. Los pobladores tienen derecho a decidir, vía referéndum, si conviene o no a los intereses colectivos la implementación del modelo extractivista en armonía con el equilibrio ecológico, sin poner en riesgo la salud de sus habitantes, lo que ocurre cuando se permite la explotación minera a cielo abierto y la utilización de explosivos y mercurio.

Históricamente la política concesionaria del Estado no ha asegurado suficientes beneficios para el país, al otorgar dispensas y exoneraciones que significan un sacrificio fiscal, en detrimento de la inversión pública en áreas vitales del desarrollo humano. Esa lección debe ser sustituida por la transparencia en el otorgamiento de licencias ambientales, mismas que deben ser precedidas por estudios exhaustivos respecto a los impactos ecológicos, con transparencia y con el consenso comunitario, emitiendo legislación que impida la existencia de vacíos y dobles interpretaciones jurídicas.

La zona del Bajo Aguán también constituye otro punto de conflictividad entre propietarios privados de plantaciones y asentamientos campesinos beneficiados con tierras y préstamos por parte de gobiernos anteriores. Así, esta zona presenta tanto potencial productivo lícito como criminal, por lo que los enfoques estatales deben actuar con una presencia efectiva de la autoridad y con consultas permanentes con los habitantes, a efecto de lograr la armonía y la paz social aunadas al desarrollo socio-económico equitativo