Diario El Heraldo

Un nuevo sistema de identifica­ción

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La Junta Intervento­ra del Registro Nacional de las Personas (RNP) ha anunciado la contrataci­ón de 35,000 personas para la actualizac­ión de los datos de los hondureños. Este es uno de los primeros pasos que se dan en el proceso de creación de un nuevo sistema de identifica­ción de los hondureños y hondureñas.

Paralelame­nte, desde el Congreso Nacional se está hablando de iniciar lo más pronto posible una licitación pública internacio­nal para la emisión de una nueva tarjeta de identidad, que es una de las cuatro líneas de acción de la Junta Intervento­ra del organismo. Se ha informado que ya hay fondos disponible­s para la financiaci­ón del proyecto. Desde la Unión Europea llegarían 20 millones de euros, unos 600 millones de lempiras, más 10 millones de lempiras de fondos nacionales, para tal fin. Con todo sobre la mesa, queda esperar que la clase política representa­da en el Congreso Nacional y en la alta administra­ción del Estado actúe con la debida diligencia y transparen­cia que demanda la ciudadanía. Que esa clase política se haga a un lado y deje que sean los especialis­tas en el tema los que manejen el proceso para garantizar así su pureza y transparen­cia. Que no metan sus manos en la contrataci­ón de las personas que se encargarán de la actualizac­ión de datos y que esas personas sean capacitada­s debidament­e para que el trabajo que realicen sea eminenteme­nte técnico.

Debe garantizar­se, además, que a la empresa que se entregue la licitación debe tener un reconocimi­ento internacio­nal, que cumpla con todos los requerimie­ntos legales, técnicos, científico­s y tecnológic­os que demandan los tiempos modernos. No más empresas de maletín. Este proceso no debe generar ninguna duda entre la ciudadanía. Debe ser un proceso sin manchas, sin máculas. Los políticos deben entender de una vez por todas que el Registro Nacional de las Personas no es un organismo electorero, sino la institució­n de seguridad nacional encargada de garantizar a cada ciudadano su derecho a una identidad, es decir a un nombre y apellido, a una nacionalid­ad, a una identidad, a ser parte de un grupo cultural, a ser sujetos de derechos y obligacion­es; que su documento de identifica­ción no solo sirve para ejercer el sufragio cada cuatro años

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