Al menos 345 detenidos deja la operación Dragón XI
Como parte de la acción del MP, el rector de la UNAH, Francisco Herrera, rindió una declaración
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, tuvo que brindar una declaración ante los fiscales del Ministerio Público (MP) en torno al aumento de salario que se recetaron los miembros de la junta directiva del Hospital Escuela Universitario (HEU) a inicios de este año. El ente fiscal mantiene bajo investigación una presunta irregularidad cometida por la Junta Directiva del principal centro hospitalario del país, al incrementarse entre 5 mil y 20 mil lempiras mensuales en bono.
La Junta está integrada por el rector Herrera, Cristina Rodríguez, Fredal Merlo, entre otros. “Estamos preparados, cualquier requerimiento de información estamos prestos para brindarla en el marco de la ley”, señaló la directora del HEU, Cristina Rodríguez.
Amplio operativo
La declaración del rector Herrera forma parte de las acciones que se llevaron a cabo como parte de la denominada operación Dragón XI, ejecutada ayer por el MP a nivel nacional.
Este operativo dejó bajo captura a por lo menos 345 personas para que respondan por supuestos delitos ligados a la criminalidad organizada y la corrupción. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del MP (UNAF) secuestró una serie de documentos en la clínica privada Cemesa y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“Se investigan irregularidades en un contrato de 86 millones de lempiras que se suscribió en la administración de Mario Zelaya”, informó la Fiscalía, a través de una publicación en las redes sociales. Además, se decomisaron documentos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), en el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto de la Propiedad y el Programa de Asignación Familiar (Praf). El MP investiga en el Praf el fraccionamiento de
Investigan un nuevo caso de corrupción en el IHSS por L 86 millones.
contratos a favor de varias sociedades mercantiles y organizaciones no gubernamentales por un monto arriba de los 100 millones de lempiras en capacitaciones a nivel nacional y que presuntamente no se llevaron a cabo.
Mientras que en La Ceiba, fiscales anticorrupción sustrajeron documentos de la municipalidad como parte de investigación por conciliación para el pago de 100 millones de lempiras en prestaciones y salarios caídos a 207 exempleados de la corporación.
En la misma ciudad se efectuaron inspecciones en el edificio judicial por una denuncia contra exprocuradores municipales, implicados en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con ejercicio de sus funciones