Comisiones, ¿para qué?
Un ministro es la persona elegida para ocupar un cargo público en alguna de las ramas administrativas de un gobierno, y tienen como principal función llevar a cabo y poner en marcha todas las políticas públicas.
Es una norma que aquellos que no hacen bien sus tareas, o que no dan el ancho, como dice el dicho popular, son separados de sus cargos para dar paso a personas que entiendan y dinamicen la administración pública.
En los últimos años en Honduras esos criterios no han sido aplicados, principalmente en los sectores de Salud y Educación, donde han mantenido a funcionarios afines al gobernante de turno, sin importar que los servicios que estaban obligados a dar se deterioraran día con día, en detrimento de la ciudadanía.
Hoy en día ambos sectores arrastran problemas crónicos y el presidente Juan Orlando Hernández ha optado por el nombramiento de comisiones para “intervenir” y “transformar” los sistemas de salud y educación. Las comisiones están integradas por reconocidas figuras de la sociedad civil, quienes animosas han anunciado sus buenas intenciones de ayudar al gobernante a dinamizar ambos sistemas.
La pregunta es: ¿están actuando las comisiones en el marco legal de la administración pública? ¿Cuáles son puntualmente sus atribuciones? ¿con su nombramiento, se están eludiendo responsabilidades al delegar funciones propias de los administradores del Estado a representantes de la sociedad civil?
Y no es que sea malo pedir el apoyo de estos sectores, conocer sus opiniones y sus propuestas para incorporarlas a las políticas públicas, principalmente en sectores tan sensitivos como la salud y la educación.
Sin embargo, estas deberían ser decisiones gerenciadas por el Presidente y sus equipos de trabajo, en conjunto con todos los representantes de la sociedad.
Es su responsabilidad tomar las decisiones pertinentes para dinamizar, transformar, transparentar y asegurar los mejores servicios a la población en todas las áreas de la gestión pública.
Para ello fueron electos