4,800 MILLONES erogados a diputados - 350 MILLONES liquidados al TSC
Más de 4,800 millones se han erogado desde 2006 y en 12 años tan solo 350 millones de lempiras se han liquidado. Fondo Departamental es cuestionado.
Más de 4,800 millones de lempiras se han erogado desde el 2006 por concepto del Fondo Social Departamental (FSD) y en doce años tan solo 350 millones de lempiras se han liquidado de este cuestionado programa por los diputados y excongresistas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Lo anterior representa el 7.3% de los recursos que se destinaron durante esos tres períodos en el Congreso Nacional (2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018), de acuerdo con un reporte del ente contralor del Estado al 6 de agosto de este año y que tuvo acceso EL HERALDO. A esa fecha, 872 liquidaciones de este fondo fueron recepcionadas de parte de 251 legisladores gestores, desconociéndose la cantidad de aquellos actuales parlamentarios y los que fungieron en estos cargos que han incumplido con este requerimiento. El TSC reporta que 125 han sido las entidades ejecutoras de estos recursos, específicamente Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD), fundaciones, municipalidades, entre otras. Según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), alrededor de 4,800 millones de lempiras se han gastado desde el 2006 por el FSD, del cual hay registros de sus montos en seis años. Para el ejercicio fiscal 2010, 2011, 2012 y 2018 se aprobaron 400 millones de lempiras para este programa de proyección social de los diputados, siendo superado únicamente en el 2008, cuando se otorgaron 450 millones de lempiras.
El 2009 fue el año que menos recursos se presupuestó para este instrumento, es decir 250 millones de lempiras, coincidiendo con la crisis política derivada del golpe de Estado, conforme al docu- mento del Fosdeh. Aunque el Poder Legislativo durante el Congreso Móvil de Gracias, Lempira, derogó la partida presupuestaria del Fondo Departamental para el actual período de doce meses, la directiva del órgano unicameral, con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, lo restituyó el pasado 8 de noviembre. La reforma por adición al artículo 81 de la Ley Orgánica del CN también establece la aprobación de una ley especial que regulará todo lo relacionado al FSD. Añade que dependiendo de la capacidad presupuestaria del gobierno, el monto de este programa se determinará todos los años en el Presupuesto General de la República.
Sin referencia
En el marco de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) surgió el FSD que se denominó en un inicio como Fondo de Desarrollo Departamental, del que de 2014 al 2017 no hubo referencia de la suma que se destinó en esos años, donde Mauricio Oliva fungió como titular del Legislativo. Tres años después de su creación, el Tribunal Superior de Cuentas aparece por primera vez como ente fiscalizador de este fondo, sin embargo, no se le atribuyó mayor competencia ni tampoco se elaboró un reglamento, mismo que se admitió hasta el 2012. El Fosdeh considera que “el Fondo de Desarrollo Departamental contiene todas las características de ser un mecanismo de instrumentalización o de
proselitismo político”. “Representa un claro conflicto de interés como lo ha esgrimido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras -Maccih- en la denuncia del pacto de impunidad y también corrompe el principio de independencia de poderes del Estado”, subraya la organización en el informe.
EL HERALDO consultó a analistas sobre esta acción apoyada por 29 de los 30 parlamentarios de Libertad y Refundación (Libre), coincidiendo que el trasfondo de la reactivación del Fondo Social Departamental obedece a la atención al clientelismo de los partidos políticos al igual que complacer las aspiraciones presidenciales de Oliva.
Una fuente ligada a la junta directiva del CN aseguró a EL HERALDO que este programa de proyección social sigue inactivo y que aún no existe el FSD. En relación a la normativa especial que regulará a este fondo, indicó que “no se aprobará todavía y se hará con el consenso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Finanzas”