Educación y violencia

Es una de las noticias mas alarmantes publicadas este año: el desplazamiento forzado de estudiantes y docentes de los centros educativos ubicados en los barrios más pobres de la capital hondureña. EL HERALDO cita en su edición de ayer una de las conclusiones del estudio “Impacto de la violencia en 220 centros educativos de Tegucigalpa”, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), con el apoyo de Save the Children: “en tan solo cinco meses (agosto de 2016 a enero de 2017), unos 500 maestros víctimas de amenazas, extorsión y acoso sexual solicitaron un traslado laboral”, y que el mayor impacto de la violencia es el desplazamiento obligado de la población estudiantil. El 18% de los centros educativos investigados están ubicados en zonas de alto riesgo y un 14% cuentan con presencias de maras y extorsión. Otros informes destacan que las principales víctimas de estos abusos viven o trabajan en zonas “gobernadas” por grupos irregulares (como las maras y pandillas), las que establecen las reglas de convivencia de la comunidad. Son sitios en los que para circular hay que solicitar permiso a los jefes de la mara y en los que incluso la misma Policía teme llegar. El Comisionado de los Derechos Humanos registró entre 2010 y 2018 la muerte de al menos un centenar de docentes y más de 1,500 estudiantes, la mayoría impunes. En 2017 documentó 54 denuncias de docentes y 35 de estudiantes víctimas de amenazas, abuso sexual y asaltos. Las cifras son duras y alarmantes. Desgraciadamente se hacen públicas en momentos en los que la clase política está más interesada en definir si se hace o no una consulta para ratificar o regular la reelección presidencial que en la seguridad ciudadana, sin embargo, deben ser un llamado de atención para que las autoridades, de Educación y de Seguridad por igual, se sienten a definir estrategias de apoyo a estas comunidades y que garanticen a los maestros hacer su trabajo con normalidad y a los estudiantes, su derecho a la educación. Allí están los fondos de la Tasa de Seguridad que deberían destinarse a estos propósitos y no a pagar las deudas de la empresa de energía, como se ha denunciado en los últimos días