Los señalados por el cachiro desfilan por Corte de Nueva York
La información sobre los socios y cómplices del narcotráfico que el cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga le aporta a la DEA, a los fiscales y a los jueces en Estados Unidos muestra la descomposición en que ha caído la élite política hondureña.
Este capo está delatando a socios, cómplices y secuaces en el tráfico de estupefacientes. Tras enterarse de que estaba en la mira de los agentes antidrogas, a finales de 2013 comenzó a colaborar con la DEA grabando todos los encuentros, conversaciones y negociaciones que mantuvo con políticos, policías, militares, banqueros y empresarios, quienes poco a poco ahora están desfilando por los tribunales de Nueva York.
Las pruebas aportadas por Rivera Maradiaga -criminal y narco confeso- fueron claves para que la juez Lorna Schofield, en septiembre de 2017, sentenciara a 24 años de prisión, por tráfico de drogas, a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.
El cachiro no solo apuntó contra Fabio Lobo, también se dirigió a su padre, sosteniendo que le pagó al menos dos sobornos a cambio de protección y contratos para el cartel.
Igualmente, sus aportes han servido para impulsar los juicios contra siete policías y dos miembros de una familia dedicada a la banca y a las finanzas.
En el mismo tribunal de Nueva York, Rivera Maradiaga también sostuvo que un exministro de seguridad, dos diputados y un al- calde también estuvieron involucrados en el narcotráfico, protegiendo al cartel a cambio de sobornos.
Meses después, se entregó a la justicia estadounidense el diputado Midence Oquelí Martínez Turcios, a quien la DEA señala de haber recibido más de un millón de dólares en sobornos y otro pagos del cartel de los Cachiros, quienes también le financiaron la campaña.
Igual camino tomó el diputado Fredy Renán Nájera Montoya, a quien Rivera Maradiaga no solo relacionó con el tráfico de drogas, sino que también lo delató como participante en una reunión donde se decidió el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González Irías, operación que fue ejecutada por la cúpula policial en 2009.
El último mencionado por el cachiro en desfilar por la Corte de Nueva York es Juan Antonio “Tony” Hernández, quien según el capo hondureño cuando ya era colaborador de la DEA, se reunió con él y le entregó un soborno para que le ayudara a cobrar un dinero que el gobierno le debía a Inrimar, una empresa formada por el cartel para lavar el dinero producto de la venta de drogas.
En una de las audiencias judiciales, uno de los fiscales acusadores dijo que las pruebas demostraban que en Honduras “operaba una red de tráfico de drogas patrocinada por el Estado”. Todos los colaboradores, secuaces y copartícipes del narcotráfico que el capo ha señalado han negado la acusación