Crimen que no debe quedar impune

En un hecho hasta ahora confuso fue asesinado la madrugada del domingo anterior, en Tegucigalpa, el director del Centro de Internamiento para Menores Infractores de Jalteva, Concepción Alvarado González. El funcionario iba en una unidad de transporte junto a un grupo de estudiantes, incluida una de sus hijas, hacia San Pedro Sula, donde los jóvenes participarían en una competencia intercolegial de bandas de guerra.

Extraoficialmente se conoció que el autobús fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes lo abordaron por la fuerza, les robaron a los estudiantes sus pertenencias mientras uno de ellos fue directamente hacia Alvarado González y le disparó una sola vez. El hombre murió horas después en el Hospital Escuela.

De los culpables del crimen, como ya es costumbre, nada se sabe. Todas son suposiciones. Que eran pandilleros, dicen unos, mientras que otros señalan que los agresores formaban parte de la barra del Club Olimpia, conocida como La Ultra Fiel, que estaban regresando de ver un juego de su equipo en San Pedro Sula, se encontraron con el autobús que llevaba a los estudiantes y decidieron asaltarlo y cometer el crimen.

Pero este es un hecho que debe llamar a la reflexión a las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía. No se puede ni se debe permitir que estos antisociales circulen por las calles y cometan sus desmanes libre e impunemente. Ya el Estado cuenta con varias fuerzas de investigación y se supone que han reforzado las fuerzas policiales para garantizar la libre circulación, sin temor a ser víctimas de este tipo de hechos violentos.

Pero las investigaciones deben ir más allá. La víctima trabajaba en una institución de rehabilitación de jóvenes infractores de la ley, muchos ellos miembros de maras y pandillas, y deben descartar que su muerte estuviera ligada a su trabajo. Son muchas las dudas que genera el hecho. Al final se debe asegurar a la población que esos jóvenes no son capaces de montar una operación de esta magnitud para asesinar a una persona.

Por la seguridad de la ciudadanía, este hecho no debe pasar desapercibido y quedar como un hecho de violencia común