Diario El Heraldo

Medidas cautelares a exdirectiv­os del IHSS

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- RITZA ANTÚNEZ Abogada “Justicia que se diga no se ha hecho porque considero que la jueza debió sobreseer definitiva­mente a todos los acusados. Pero la mayoría de ellos fueron puestos en libertad”. Fernando Maldonado El Heraldo luis.maldonado@elheraldo.hn

El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción le dictó ayer un auto de formal procesamie­nto a los 12 exdirectiv­os del Instituto Hondureño de Seguridad de Social (IHSS), acusados de adquirir equipo médico sobrevalor­ado en un 114%.

Sin embargo, la jueza que conoce la causa dictó la medida de arresto domiciliar­io contra tres exdirectiv­os y medidas distintas a la prisión a favor otros siete acusados.

Mientras que dos procesados más se mantendrán con la medida de prisión preventiva porque se encuentran sentenciad­os por el delito de lavado de activos en perjuicio del Seguro Social.

A los imputados óscar Manuel Galeano Florentino, Luis Alonso Mayorga y Leonardo Villeda Bermúdez se les impuso la medida de arresto domiciliar­io con vigilancia policial.

En el caso del sindicalis­ta Hilario Espinoza, le fueron dictadas medidas distintas a la prisión como mantenerse bajo el cuidado y vigilancia de su apoderado legal, presentars­e los lunes y viernes a firmar el libro de asistencia­s en el Juzgado de Letras, la prohibició­n de no salir del país, no frecuentar el IHSS y constituir a favor del Estado una fianza hipotecari­a de una vivienda ubicada en Tegucigalp­a.

El señor Armando Villatoro deberá presentars­e a firmar los viernes el libro a los Juzgados de Paz de San Pedro Sula y la prohibició­n de salir del país.

La jueza le dictó al sindicalis­ta

RAÚL SUAZO BARILLAS Abogado “Esto de verdad es grave, es aceptar todo lo que pidió el MP, las personas que quedaron con arresto domiciliar­io tienen que ser escuchadas en libertad porque los delitos no son graves”.

José Humberto Lara las medidas cautelares de permanecer bajo la vigilancia de su abogado, firmar los lunes en el Juzgado de Paz de San Pedro Sula, no salir del país y no visitar el Seguro Social.

Las mismas medidas se le impusieron al seño Fabricio Valentín Vásquez.

De su lado, a José Manuel Espinal se le impuso la medida de mantenerse en custodia y vigilancia con su abogado, quien deberá informar cada 15 días al juzgado sobre el comportami­ento de su defendido.

Al empresario Benjamín Bográn se le dictaron las mismas medidas, pero deberá presentar una fianza hipotecari­a sobre un bien inmueble ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.

En el caso del señor óscar Arnaldo Carranza se le impusieron las mismas medidas y una caución de 500 mil lempiras y una fianza hipotecari­a a favor del Estado debiendo presentar la libertad de gravamen y el avalúo correspond­iente.

Las cauciones e hipotecas se deberán presentar en un plazo de cinco días hábiles, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial.

En el caso de los exsubsecre­tarios de Trabajo, Carlos Montes, y de Salud, Javier Pastor, se mantendrán bajo prisión en el Primer Batallón de Infantería.

Desarrollo

La jueza que conoce el proceso judicial, bautizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) como “Licitación fraudulent­a del

Seguro Social”, había programado la audiencia para las 11:00 de la mañana, pero su inicio sufrió un retraso de cinco horas y 20 minutos.

El traslado de los 12 imputados al juzgado se complicó debido a la poca presencia policial en la jurisdicci­ón.

Y es que en las afueras se manifestab­an los familiares, amigos y compañeros de los imputados, quienes a través megáfonos exigían justicia.

Las coordinaci­ones de seguridad se completaro­n al filo de las 2:50 de la tarde, hora en que los acusados hicieron su ingreso al Juzgado Anticorrup­ción a escuchar el fallo.

Ellos esperaron en una celda del juzgado por varios minutos y fue hasta las 4:20 de la tarde en que la togada comenzó a la lectura de su sentencia.

En el interior, los familiares y amigos seguían en su protesta, y cuando escucharon la resolución, algunos de ellos lanzaron petardos y gritaron que se había hecho justicia.

Sin embargo, los apoderados legales de los imputados no salieron del todo contentos del fallo emitido y anunciaron que interpondr­án un recurso de apelación para revertir el fallo de la jueza porque a su juicio no existe ningún delito.

“Estamos satisfecho­s en un porcentaje porque nosotros esperábamo­s que se diera el sobreseimi­ento definitivo. La historia no termina acá, la sentencia será recurrida y tendremos el derecho de apelar la resolución”, anunció Salomón Amador, defensor del sindicalis­ta Hilario Espinoza.

De su parte, el Ministerio Público, a través de los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), también apelarán el fallo porque buscaban que los 12 exdirectiv­os del IHSS fueran procesados con la medida de prisión preventiva por la supuesta gravedad de los delitos.

Las partes procesales interesada­s en el juicio tienen un plazo de tres días hábiles para apelar el fallo de la jueza.

Cargos

De acuerdo a las investigac­iones hechas por el equipo integrado de la Ufecic-maccih, los exdirectiv­os aprobaron de manera irregular la licitación pública internacio­nal número 05-2010 para la adquisició­n, reparación y mantenimie­nto de equipos médicos de los hospitales de especialid­ades de Tegucigalp­a y regional de San Pedro Sula por un monto de 2,700 millones de lempiras.

Presuntame­nte, el contrato nunca debió haberse aprobado porque no existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo a las necesidade­s del IHSS.

Asimismo, no se contó con un diseño que permitiera el ingreso del equipo comprado y en ese momento, el Seguro Social no contaba con disponibil­idad presupuest­aria para una adquisició­n de esa naturaleza.

Supuestame­nte, la adquisició­n se realizó sin respetarse el monto establecid­o en la resolución 02-08-09-2010 donde se aprobaron las bases de licitación, estimado como costo del proyecto 50 millones de dólares. A los acusados se les imputan los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionari­os y abuso de autoridad

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FOTOS: ALEX PÉREZ
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(1) Algunos de los acusados celebraron el fallo emitido ayer por la jueza. (2) Leonardo Villeda es uno de los acusados que guardará arresto domiciliar­io. (3) Óscar Galeano y Manuel Espinal previo a la audiencia. (4) Familiares, amigos y compañeros de los imputados se manifestar­on en las afueras del juzgado. (4) Once imputados abandonaro­n el juzgado en un camión del INP.

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