Inseguridad e impunidad

Alarma a la ciudadanía el incremento de los índices de inseguridad que se registran en el país en las últimas semanas. Aunque el gobierno insiste en que han mejorado las tasas de homicidios y que han sacado al país de las listas negras como uno de los más inseguros del mundo, la realidad que vive la ciudadanía es otra. Las muertes violentas y con altos grados de saña (principalmente a mujeres) son registrados diariamente por los distintos medios de comunicación. También van en incremento los ataques a los trabajadores del servicio de buses urbano e interurbano y la quema de sus unidades, hechos relacionados generalmente con el cobro de extorsión de que por años son víctimas los dueños y empleados del rubro. Los asaltos a los usuarios del transporte urbano e interurbano ya son una constante de la ola de inseguridad y delincuencia que cubre al país. Las redes de extorsionadores parecen intactas a pesar de los reiterados anuncios de las autoridades de la desarticulación de las mismas. Basta preguntar a las víctimas (dueños de pulperías, restaurantes, tortilleras e incluso vendedores ambulantes) en los barrios y colonias de las principales ciudades del país. Los robos de carros, motos y a residencias también están en alza, así como los asesinatos de alto impacto perpetrados (a plena luz del día) por grupos a todas luces bien organizados. Hasta los secuestros han resurgido. Un joven empresario sampedrano fue asesinado por sus captores el fin de semana, sin que se tengan indicios de quién o quiénes son los responsables o si sus familiares pagaron o no rescate. Lo grave de todo esto es que los responsables de cometer estos crímenes y delitos parecen no tener miedo a las autoridades y salen a hacer sus fechorías a cualquier hora. La impunidad está haciendo mella en una sociedad que se siente indefensa ante la ola de violencia que crece como una bola de nieve y amenaza con llevarse todo lo que encuentre a su paso. Los delincuentes actúan a sus anchas, saben que será difícil que los identifiquen, los detengan, y mucho menos los castiguen. El gobierno está obligado a generar estrategias de protección real a la ciudadanía. Dinero tienen. La Tasa de Seguridad les genera millones de lempiras que deberían ser retribuidos con esas medidas de protección que pide a gritos la ciudadanía de a pie