La Ufecic solicita el arresto de los 21 acusados en el caso Arca Abierta
La defensa de algunos de los diputados se notificó ayer ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. El pleno de magistrados designó al juez y a los magistrados de la Corte de Apelaciones
El equipo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) solicitó en la acusación denominada Arca Abierta el arresto de los 21 presuntos implicados en el caso.
El extremo fue confirmado por dos fuentes, una del Poder Judicial y la otra ligada a las investigaciones hechas por la Ufecic-maccih.
No obstante, será el juez natural designado quien resuelva si admite o no la petición hecha por los fiscales anticorrupción.
De su parte, Dagoberto Aspra, defensor de cinco diputados señalados en el caso, dijo que presentó un escrito de ofrecimiento ante la CSJ para presentar de manera voluntaria de los imputados.
“Hemos presentado un escrito de apersonamiento y ofreciendo el sometimiento al proceso por parte de nuestros representados, en este acto nuestra firma legal representa a todos los diputados menos al diputado de Lempira y a los exdiputados que también han sido señalados en esta línea de investigación”, comentó el abogado Aspra.
Afirmó que sus defendidos están disponibles para que la justicia pueda citarlos en cualquier momento y poder presentarlos.
El requerimiento fue designado a un juez y fue identificado con el número VP 1022018, para iniciar con el proceso de judicialización.
Designación
Ayer, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó al magistrado Reynaldo Antonio Hernández.
Mientras que designaron a los magistrados Rafael Bustillo Romero, Wilfredo Méndez y Miguel Pineda Valle como integrantes de la Corte de Apelaciones designada.
El caso Arca Abierta fue presentado el pasado martes ante la Secretaría de la CSJ por los fiscales de la Ufecicmaccih e involucra en el delito de malversación de caudales públicos a los diputados de
Partido Nacional: Juan Carlos Valenzuela Molina y Gustavo Alberto Pérez Cruz, de Lempira; Gladis Aurora López Calderón, de La Paz; Welsy Milena Vásquez López, de Cortés; y Milton Jesús Puerto, de Yoro.
Asimismo, abarca a los exdiputados; Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Oseguera, Óscar Arturo Álvarez Guerrero.
Además, a Gregorio Alberto Gonzales Rivera, quien era el administrador de la Asociación Planeta Verde.
Mientras que acusan a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública a: Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.
Supuestamente, los diputados y exdiputados usaron la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde para apropiarse de más de 21 millones de lempiras.
“Es un robo de dinero público, es una manera de corrupción primitiva porque se deja los vestigios de manera evidente.
Porqué la mujer de uno de ellos tenía que recibir dinero, o su hija, o su exmujer, esto es un robo de dinero público, no hay otra expresión para esto”, afirmó el vocero de la Maccih,
Luiz Guimaraes Marrey, vocero de la Maccih.
“El dinero fue a la ONG para proyecto sociales y terminó en los bolsillos de los diputados”, cuestionó.
Las investigaciones reflejan que algunos de los presuntos imputados gastaron los recursos en la compra de vehículos, pagos de tarjetas de crédito,
pagos en restaurantes y en compras personales.
En el año 2015, varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno de la República se asigna- ran fondos para el financiamiento de proyectos sociales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños.
Los proyectos serían ejecutados en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Asociación Planeta Verde. El dinero proveniente de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas. La elección de Planeta Verde no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero porque la ONG era una organización de fachada