Diálogo y reformas electorales

Después de 10 meses, el representante de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, señor Igor Garafulic, presentó las conclusiones derivadas del proclamado diálogo interpartidario, mismas que no han sido del dominio público hasta ahora, otro tanto ha hecho la comisión de expertos internacionales nombrados por la Organización de Estados Americanos (OEA), entregando el informe de su trabajo, consistente en un diagnóstico y propuesta de reforma electoral, según lo acordado entre el organismo hemisférico y el Congreso Nacional de la República.

A los representantes de la comisión de expertos de la OEA parece que el trabajo no les fue complicado, bastaron unas dos visitas al país haciendo entrevistas a actores políticos y una copia casi total del informe que había presentado la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), después de las elecciones de noviembre 2017, para esta comisión de expertos el Estado de Honduras hizo una erogación de unos 6 millones de lempiras. El informe no es concluyente y aunque una de sus tareas era hacer propuestas sustantivas alrededor del tema electoral, sus opiniones no superan lo que los políticos hondureños han estado hablando sobre el tema.

Como si no hubiese sido una tarea de la comisión de expertos, señalan que “en primer lugar es necesario que los procesos de reforma electoral contemplen un diagnóstico integral del sistema electoral vigente con el objetivo de identificar el problema que se busca resolver…”, o sea que hay que seguir haciendo diagnósticos como si los hondureños no supiéramos las fallas del sistema electoral.

Probablemente uno de los hallazgos más importantes de la mencionada comisión es considerar “…que las reformas electorales por sí mismas no resuelven los problemas del sistema electoral hondureño entendido en un sentido amplio, si no existe voluntad política para que la norma tenga correlación en la realidad…”.

Las crisis por las que habitualmente se han pasado en Honduras no es tanto por la ausencia de leyes, más han estado motivadas por el irrespeto al Estado de derecho. En el país, tanto ciudadanos comunes como políticos no tienen una cultura de obediencia a la ley.

Empezando con la iniciativa de la cuarta urna, pasando por el golpe de Estado y el sospechoso proceso electoral último, nunca se hubieran dado si los autores políticos de tales acontecimientos no hubiesen violentado las leyes. Ha sido la ambición de llegar o retener el poder el que nos ha llevado a una de las peores crisis que ha vivido la nación. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos a los políticos que actúen en el marco del Estado de derecho, de nada servirá.

Racionalizar un sistema electoral en un sistema político basado en una cultura caudillista, clientelista y en interés particular del patrimonio del Estado es contradictorio y no puede tener resultados positivos a largo plazo. En condiciones como las que vive Honduras, cualquier acuerdo al que lleguen los políticos será coyuntural, estará sujeto a las posibilidades de repartir poder entre las élites que se disputan el control de la nación

Las crisis por las que habitualmente se han pasado en Honduras no son tanto por la ausencia de leyes, más han estado motivadas por el irrespeto al Estado de derecho”.