Nicaragua ante un año incierto
El 11 de enero hnbro unn sesión extrnordinnrin del Consejo permnnente de OEA pnrn “considernr ln situnción”
Nicaragua vislumbra un 2019 incierto, con una economía deteriorada y una creciente represión contra la prensa y defensores de derechos humanos, mientras el presidente Daniel Ortega se aferra al poder en medio de un aislamiento internacional que tiende a recrudecerse, según analistas.
El Consejo Permanente de la OEA evaluará el próximo 11 de enero si aplicarle al país la Carta Democrática Interamericana, una iniciativa que podría conducir a la suspensión de Nicaragua del organismo y provocar “el total aislamiento del régimen”, advirtió el politólogo y analista José Antonio Peraza a la AFP.
Conllevaría además el congelamiento de “todos los préstamos y desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos multilaterales” que financian alrededor del 30% del presupuesto del país, uno de los más pobres del hemisferio, acotó.
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El experto estima que Nicara- gua podría quedar excluido también de tratados de libre comercio, como el que comparte con Estados Unidos y Centroamérica, conocido como Dr-cafta.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a finales de diciembre convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para analizar la crisis nicaragüense, tras considerar que una “dictadura está definitivamente instalada en el país”. El gobierno nicaragüense llamó a los gobiernos de la región a “no apoyar” las acciones “infundadas” de Almagro, que calificó de “ilegales” e “improcedentes”.
Nicaragua vive en crisis desde el estallido de las protestas antigubernamentales el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social. La represión derivó en una demanda de salida de Ortega, de 73 años, quien gobierna desde 2007 junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
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Según grupos humanitarios y de oposición, la represión a las protestas dejó más de 320 muertos, entre 400 y 600 detenidos. El gobierno por su lado contabiliza 198 muertos, 340 manifestantes presos, una pérdida económica de 961 millones de dólares en daños, la eliminación de 120,000 empleos y una contracción económica del 4% en 2018.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó en diciembre la denominada NICA Act, que limita el acceso de Managua a créditos internacionales para presionar a Ortega por una salida democrática