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La violencia sigue generando luto y dolor en la sociedad hondureña. Los esfuerzos gubernamentales por detener la ola delictiva parecen irrelevantes ante la cruda realidad que salta frente a nuestros ojos todos los días en los medios de comunicación. La realidad es cruda.
En la primera quincena de 2019 ya se han registrado cuatro masacres, en las que han perdido la vida al menos 14 personas. La primera ocurrió el primer día del año en la colonia Buenos Aires de Puerto Cortés en la que cuatro personas fueron acribilladas. En la segunda, que ocurrió en Trinidad, Yoro, perdieron la vida tres personas más. En el tercer caso, cuatro personas murieron tras ser emboscadas por maleantes cuando circulaban a inmediaciones de la comunidad de San Alejo, Tela, Atlántida. La cuarta masacre ocurrió la noche del jueves en la capitalina colonia Villa Nueva. Cinco personas, entre ellas una joven de 18 años, fueron asesinadas también a tiros. La mayoría de las víctimas eran jóvenes menores de 30 años.
En 2018, el observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registró más de 39 masacres, en las que perdieron la vida 137 personas. Los casos se generaron en su mayoría en la vía pública, con armas de grueso calibre y las víctimas fueron también mayoritariamente hombres, aunque la violencia ha alcanzado con fuerza a las mujeres y los niños. Además del dolor, el luto y la desintegración que causa a las familias de las víctimas, los investigadores sociales advierten que este tipo de violencia genera también secuelas físicas y sicológicas graves en la sociedad, porque afectan las relaciones y el comportamiento de los individuos y los grupos sociales, que se sienten altamente vulnerables en los espacios públicos de sus comunidades. Las autoridades están obligadas a brindar seguridad a las comunidades y a la sociedad, a garantizar el disfrute de sus espacios.
Ya no más explicaciones de que las causas de esta violencia son, entre otras, el pleito de territorio entre pandillas, maras o narcomenudeo. Se debe investigar y dar con los responsables de estos casos, presentarlos al Ministerio Público y a los tribunales competentes. La sociedad demanda respuestas