Justicia que trasciende fronteras

Un tribunal de Louisiana, Estados Unidos, notificó esta semana al Ministerio Público de Honduras la confiscación definitiva de nueve bienes inmuebles que fueron asegurados a Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y su hermano Carlos Alberto Zelaya. Como se recordará, los bienes fueron adquiridos con fondos del IHSS en lo que se ha considerado uno de los más grandes desfalcos a la administración pública en la historia del país.

Lo sucedido es un ejemplo del accionar de la justicia por estos días. Los delitos que se cometen en un país son juzgados en otros hasta donde los corruptos llevan sus bienes, creyendo, quizá, que en esos lugares no se conocerán sus fechorías.

Pero no es así. Lo sucedido en Estados Unidos y anteriormente en Chile lo demuestran. En ambos países se confiscaron los bienes que Zelaya y sus testaferros adquirieron con fondos nacionales.

Aquí, en el país, al menos en este caso, se está actuando en consonancia. Zelaya ya suma varias condenas. La semana anterior fue condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado y un año más por el delito de cohecho. El Ministerio Público dijo que este es el primer fallo condenatorio dictado en los tribunales nacionales por el delito de lavado de dinero producto de la corrupción.

Todo ha sido producto de un laborioso trabajo del Ministerio Público con el acompañamiento de la Maccih, quienes han informado que hay nuevas líneas de investigación relacionados con el caso del IHSS. Queda esperar que esas nuevas líneas se presenten a los tribunales y se siente un precedente enviando a la cárcel a quienes sin pudor alguno han robado los dineros del pueblo, y que en ellas se incluyan a “los cerebros” de estas operaciones ilegales, no importando su estatutos económico y político. Queda esperar también que el producto de la venta de los bienes confiscados a los hermanos Zelaya en los Estados Unidos vayan a las arcas del Seguro Social, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar su sistema de asistencia, el mismo no mejora. Los derechohabientes siguen penando por la falta de medicamentos, citas a destiempo y atención de mala calidad, entre otros males