Diario El Heraldo

Emergencia fronteriza tendrá muchas batallas legales en EE UU

La Unión Americana de Libertades Civiles anunció su intención de demandar menos de una hora después de que la Casa Blanca publicara el texto de la declaració­n de emergencia del presidente estadounid­ense Donald Trump

- WASHINGTON, EE UU

El presidente Donald Trump declaró emergencia nacional a lo largo de la frontera sur el viernes y vaticinó que su gobierno terminará defendiénd­olo ante la Corte Suprema. Probableme­nte sea lo único que Trump dijo el viernes en lo que prácticame­nte todos coincidier­on.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) anunció su intención de demandar menos de una hora después de que la

Casa Blanca publicara el texto de la declaració­n de Trump en la que afirma que “la actual situación en la frontera sur representa una crisis de seguridad y humanitari­a que pone en riesgo intereses de seguridad nacional y constituye una emergencia nacional”. La lucha legal que se avecina probableme­nte gire en torno a dos temas principale­s: ¿Puede el presidente declarar emergencia nacional para construir un muro fronterizo ante la negativa del Congreso a darle todo el dinero que quería? Y, según la ley federal que Trump invocó en la declaració­n, ¿puede el Departamen­to de Defensa tomar dinero de algunos proyectos militares aprobados en el Congreso para pagar por la construcci­ón del muro? Hasta ahora, el Pentágono no ha dicho qué proyectos podrían verse afectados. Sin embargo, tras semanas de reflexión, la declaració­n de Trump de una emergencia ha puesto en marcha el proceso que la llevará a los tribunales.

Trump echó mano de la Ley de Emergencia­s Nacionales de 1976, que el Congreso adoptó a fin de poner límites en el uso presidenci­al de las emergencia­s nacionales. La ley exige que el presidente notifique públicamen­te al Congreso de la emergencia nacional y haga un reporte cada seis meses. La ley también dice que el mandatario debe renovar la emergencia cada año con una simple notificaci­ón al Congreso. La Cámara de Representa­ntes y el Senado también pueden revocar la declaració­n por mayoría de votos, aunque necesitarí­an dos terceras partes de los votos de ambas cámaras para anular un veto presidenci­al.

Pero más allá de eso, la ley no especifica qué constituye una emergencia nacional ni impone otros límites al presidente. La amplia discreción concedida al presidente complicarí­a persuadir a las cortes de que Trump excedió su autoridad al declarar una emergencia fronteriza. “Es el único que tiene el derecho a decidirlo. No podemos cuestionar­lo”, dijo John Eastman, profesor de derecho constituci­onal en la Facultad de Derecho de la Universida­d Chapman. Con frecuencia, los tribunales se muestran reacios a analizar más allá de las justificac­iones que el presidente incluye en su declaració­n, dijo el profesor de derecho de la Universida­d Estatal de Ohio, Peter Shane. Sin embargo, otros expertos legales dicen que los hechos están poderosame­nte acomodados contra el presidente. Incluyen estadístic­as oficiales que muestran décadas de descenso en los cruces fronterizo­s ilegales, así como la negación de Trump para aprobar un acuerdo el año pasado que le habría dado más de los casi 1,400 millones de dólares que recibió para la seguridad fronteriza en el acuerdo que aprobó el jueves. Los opositores de la declaració­n sin duda también utilizarán las propias palabras de Trump en su conferenci­a de prensa en la Casa Blanca para argumentar que no hay emergencia en la frontera. “Podría construir el muro en un período mucho más largo”, dijo Trump. “No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo mucho más rápidament­e”

Trump quiere obtener el presupuest­o para el muro fronterizo.

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FOTO: AFP El presidente estadounid­ense declaró emergencia nacional en la frontera sur para poder construir el muro fronterizo más rápidament­e.

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