Ejecutivo inyecta L 42 millones a Coalianza
Con esta medida las autoridades buscan evitar el descalabro de la cuestionada institución
El Poder Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) buscar recursos para evitar el colapso de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).
Mediante el decreto Ejecutivo PCM-010-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 15 de febrero, se aprobó que de los recursos del tesoro nacional se financie el funcionamiento de Coalianza.
Desde el año anterior el ente entró en crisis luego de varios señalamientos ante el fracaso de proyectos como el Corredor Turístico.
Los recursos que reciba de Sefin serán para cumplir obligaciones institucionales contraídas para su funcionamiento, incluyendo las de índole laboral y que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia del decreto.
Asimismo, Sefin deberá asignar recursos del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República para el funcionamiento de Coalianza durante el ejercicio fiscal de 2019.
Los desembolsos se harán en tanto Coalianza no genere recursos provenientes del cobro por cada proyecto autorizado.
Lo anterior se debe a que por cada proyecto adjudicado Coalianza recibirá un 2% del total del costo en concepto de tasa por los servicios que presta. Una reforma realizada a la Ley de Coalianza, años atrás, faculta al Ejecutivo a inyectar fondos al ente en caso de que este no tenga los recursos suficientes para operar.
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Martha Doblado, titular de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG), declaró que son 42 millones de lempiras que se desembolsarán en los próximos días a Coalianza. Estos recursos servirán para cubrir las obligaciones como los salarios de los meses de diciembre, enero y febrero, más derechos laborales, gastos de funcionamiento como alquileres, energía eléctrica y otros de consultorías contratadas.
La funcionaria explicó que Coalianza fue prevista como una institución autosostenible, no obstante, y debido a que en los últimos meses no han adjudicado proyectos, no cuenta con fondos propios para pagar sus gastos de funcionamiento y el Estado asumirá esos costos