Corrupción envuelve también a Patuca III
Justiciaen el requerimiento fiscal fueron acusados el abogado de Los Cachiros y su núcleo familiar. Otras siete personas fueron salpicadas en el presunto acto de corrupción
Justiciael listado lo encabezan el abogado del cartel de narcotráfico de Los Cachiros que hizo negocios con la ENEE, Francisco arturo cejía, su esposa y su hijo. Igual aparece un funcionario de la estatal eléctrica y ejecutivos de supuestas compañías proveedoras. Ganaron licitaciones amañadas y sobrevaloraron en 149% sus ventas.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público presentó ayer un nuevo requerimiento fiscal contra el abogado y supuesto testaferro del clan del narcotráfico de Los Cachiros, Francisco Arturo Mejía, y su núcleo familiar.
La acusación incluye a la esposa de Mejía, Waldina Lizzeth Salgado Pérez, y el hijo Roberto Arturo Mejía Salgado. Los tres están prófugos de la justicia.
El año pasado fueron acusados de lavado de activos y ser testaferros de la familia Rivera Madariaga, y se les aseguró 84 bienes, 31 vehículos y 16 empresas.
Las investigaciones señalan que Francisco Arturo Mejía realizaba todos los trámites legales para la constitución de empresas, y ejecutaba la compra y venta de bienes de Los Cachiros.
Mientras que su esposa Waldina Lizzeth Salgado y su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado formaban parte de la estructura de varias de las empresas.
Requerimiento
Los tres acusados se vieron envueltos en un nuevo escándalo de corrupción que fue judicializado ayer por la Ufecic con el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
El caso fue bautizado como “Patuca III colusión y corrupción” e implica otras siete personas: Gabriel Prieto Gutiérrez, Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado, Luisa Sofía Figueroa y Elia Virginia Medina, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera. Los delitos imputados son fraude, violación de los deberes de los funcionarios, cohecho y soborno.
La Ufecic del MP detectó una serie de presuntas irregularidades en el finiquito del contrato para el equipamiento de viviendas y oficinas en el campamento de la represa hidroeléctrico situado en Olancho.
“Las pruebas muestran cómo los acusados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE”, manifestó el vocero de la Maccih, Luiz Guimares.
El supuesto fraude se producía al girar invitaciones para presentar ofertas para el equipamiento de las viviendas y oficinas de Patuca III a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignando contratos millonarios sobrevalorados.
La investigación muestra una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato como la sobrevaloración de los bienes y suministros hasta en un 149% del valor que tenían en el mercado.
Los fiscales detectaron las falsedades en la recepción de los bienes, con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real.
La Ufecic detectó que el 10 de mayo de 2012, el exdirector de la UEPER, Gabriel Prieto Gutiérrez, mediante oficio número 224-2012, invitó directamente a las empresas Lutopas, Ergo Limited S. A. y la empresa Prefabricados de la Madera Sarahí para que presentaran sus ofertas.
Las representantes legales de estas tres empresas, Ada Amalia Puerto de la empresa Ergo y Suyapa Lorena Rivera de la empresa Prefabricados de Madera Sarahí, presentaron sus ofertas con una diferencia de hasta 7.3 millones de lempiras entre ellas, con la finalidad que el contrato fuera otorgado a la empresa Lutopas propiedad de Lizzette Salgado.
Fue el mismo ingeniero Prieto Gutiérrez quien conformó la Comisión de Análisis de Ofertas, integrada por Juan José Villeda, Renán Alexis Maldonado, Elia Virginia Medina y Luisa Sofía Figueroa.
Todos ellos no ejecutaron los actos propios de los deberes de su nombramiento. La comisión recomendó la contratación de la empresa Lutopas, la cual estaba controlada por la familia Mejía Salgado.
Las investigaciones además encontraron vinculaciones familiares y comerciales entre las tres empresas invitadas con la Sociedad Consultores Especializados (Coesa).
Suyapa Rivera es socia fundadora de Coesa, pero ella vendió sus acciones, extremo que quedó formalizado en los oficios de la notaria Ada Amalia Puerto, quien fue asesora de la UEPER en 2011.
Además, Coesa tiene su sede en las mismas direcciones donde se ubican las empresas Comsa e Inversiones Acrópolis, propiedad de Francisco y Roberto Mejía, esposo e hijo de Waldina Lizette Salgado.
Estos nexos se extienden al señor Juan José Villeda Mejía, quien fungió como procurador legal de la UEPER y miembro de la Comisión de Análisis de Oferta de este contrato y que recibió cinco cheques por un millón de lempiras de esas empresas.
Las tres empresas fueron las encargadas de comprar los bienes objeto del contrato por un valor total de 2,750,393.20 lempiras, pero el equipo se vendió a la UEPER por 6,866,003.00 lempiras, resultando una sobrevaloración de 4,115,609.80 lempiras.
Esto representa una sobrevaloración 149.63% en el equipo vendido a la ENEE.
La totalidad de los bienes vendidos ascendió a un costo de 14,520,194 lempiras y solo se recuperaron facturas correspondientes al 47.3% de estos bienes, en los cuales se cuantifica una sobrevaloración del 149.64%