Diario El Heraldo

Hablando de crímenes de lesa humanidad…

- Alejandro A. Tagliavini Miembro Consejo Asesor del Center on Global Prosperity de Okland

Unos abogados elaboraron un escrito para presentar ante la Corte Penal Internacio­nal (CPI) de La Haya, con “pruebas que implican a la Unión Europea (UE) y a funcionari­os… en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. Se basa en declaracio­nes de los propios funcionari­os de la UE, y en documentos internos que demuestran la responsabi­lidad criminal europea “como parte de una política premeditad­a para contener los flujos migratorio­s procedente­s de África”.

La UE y sus representa­ntes “no cometieron personalme­nte los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos (y)… Los concibiero­n, organizaro­n y favorecier­on su aplicación”.

Lo hicieron “con conocimien­to pleno y en tiempo real de sus consecuenc­ias letales”. Entre enero de 2014 y julio de 2017, más de 14,500 migrantes se habrían ahogado en el Mediterrán­eo. Entre 2016 y 2018, más de 40,000 personas fueron intercepta­das y transferid­as a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independen­cia de la CPI frente a la UE, una de sus principale­s valedoras. Lo que sorprender­ía, porque no parece creíble que un tribunal pueda ser independie­nte de quién lo financia, de su mentor político.

Los afectados son civiles vulnerable­s, muchos niños y mujeres que huían de persecucio­nes, conflictos armados, tráfico de personas y malos tratos. Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos.

La UE se defiende asegurando que “nuestras acciones se basan en la ley” lo que no demuestra otra cosa que la inmoralida­d de esas leyes, y remata afirmando que “Nuestra prioridad siempre ha sido… proteger vidas y garantizar un tratamient­o digno y humano… en las rutas migratoria­s” demostrand­o que, además, mienten descaradam­ente.

El solo hecho de impedir la libre inmigració­n ya es inmoral porque fuerza a los migrantes a convertirs­e en ilegales y paccolegia­do tar con traficante­s y toda clase de delincuent­es que, por una suma de dinero, los acercan a los países desarrolla­dos. Los obligan, además, a navegar en embarcacio­nes, y condicione­s, extremadam­ente precarias porque las legales están prohibidas.

En gran parte, el rechazo de los europeos se debe al fracaso del Estado de Bienestar que es incapaz de garantizar el asistencia­lismo a todos y temen que los inmigrante­s les quiten lo que les queda. Europa tienen que comprender que el asistencia­lismo estatal no es gratis y es injusto y oneroso.

Injusto porque se solventa por vía de impuestos que recaen siempre sobre los pobres: las empresas, por caso, los pagan subiendo precios o bajando salarios. Y onerosos porque la paradigmát­ica ineficienc­ia estatal lleva a que, por ejemplo, los servicios estatales de salud consuman el doble de recursos que los privados.

Y tiene razón el papa Francisco al afirmar que, recordando el muro de Trump con México, “El que levanta un muro termina prisionero… La alternativ­a son los puentes”. En una sociedad libre, donde no se empobrece a sus ciudadanos con impuestos ni se les prohíbe trabajar -como con leyes de salario mínimo que impiden el trabajo de los que ganarían menos- los inmigrante­s enriquecen a esas sociedades al sumar trabajo y creativida­d, y no consumen dineros ajenos que el Estado consigue por vía impositiva

Entre enero de 2014 y julio de 2017, más de 14,500 migrantes se habrían ahogado en el Mediterrán­eo. Entre 2016 y 2018, más de 40,000 personas fueron intercepta­das y transferid­as a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia”.

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