El Icefi cuestiona la proyección de recaudación tributaria para 2020
El Poder Ejecutivo apenas estima un incremento de 1.2% en los ingresos, o sea L 3,213.6 millones. Se cuestiona que esa subestimación es para tener absoluta discrecionalidad en el gasto público
El presupuesto general de la República 2020 ha provocado una serie de cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad hondureña.
Representantes de la empresa privada y de organizaciones de la sociedad civil han realizado señalamientos por la proyección de los ingresos y egresos.
Para 2020 el Poder Ejecutivo solicitó la aprobación de 282,405 millones de lempiras para la administración pública.
La asignación del gobierno central es de 155,570.4 millones de lempiras y 126,834.6 millones para las descentralizadas.
En relación al presupuesto vigente de 2019, que es de 261,678.6 millones de lempiras, se observa un incremento de 20,276.4 millones (7.9%).
El presupuesto del gobierno central aumenta de 152,356.8 a 155,570.4 millones de lempiras, o sea 3,213.6 millones (2.1%). No obstante, el mayor incremento es para las instituciones descentralizadas con 17,512.9 millones de lempiras (16%) al pasar de 109,321.7 a 126,834.6 millones.
Cuestionamientos
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sostiene que “no hay justificaciones técnicas que expliquen este desplome en la recaudación”. Subraya que “preocupa la significativa caída de la carga tributaria, que pasa de 18% del PIB en 2019 a 16.6% en 2020”.
El proyecto de presupuesto 2020 entregado por las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) al Congreso Nacional proyecta que las recaudaciones tributarias para 2020 sumarán 109,721.8 millones de lempiras, superior en apenas 1,307.5 millones a lo programado para 2019, que es de 108,414.3 millones. El aumento porcentual es de 1.2%.
El Icefi “lamenta la continuada práctica de subestimar el monto esperado de recaudación con el fin de tener absoluta discrecionalidad al asignar el destino de gasto público proveniente de los ingresos adicionales que se recauden, dado que estos no estarán sujetos a asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso”.
Para el Instituto este tipo de prácticas debilita la confianza en los responsables de la política fiscal y resta credibilidad a las cuentas fiscales